El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, pidió este lunes a Israel que «reconsidere» la aprobación de un conjunto de leyes que, una vez adoptadas, prohibirán a la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) operar en territorio controlado por Israel.
«Instamos a las autoridades israelíes a reconsiderarlo para evitar interrupciones en los servicios vitales de la UNRWA y garantizar el acceso humanitario continuo y sin obstáculos de la UNRWA a los refugiados palestinos para los que fue creada», enfatiza en un comunicado.
El jefe de la diplomacia europea defiende que estas leyes entran en «clara contradicción» con el Derecho internacional y «el principio humanitario fundamental de humanidad», así como que sólo servirán para agravar «la ya grave crisis humanitarias» por poner en peligro los «servicios esenciales» que despliega la UNRWA.
«Si se adoptan, estas leyes tendrán consecuencias de largo alcance, haciendo imposibles ‘de facto’ las operaciones vitales de la UNRWA en Gaza, obstaculizando gravemente la prestación de servicios sociales, educativos y de salud de la UNRWA en la Cisjordania ocupada y revocando los privilegios e inmunidades diplomáticas de la UNRWA en Israel», argumenta.
A esto añade que las leyes «pueden suponer el incumplimiento de las medidas cautelares» ordenadas por la Corte Internacional de Justicia (CIJ), por lo que exige a las autoridades israelíes que garanticen que la agencia «puede continuar con su trabajo esencial» en línea con su mandato.
«Millones de vidas están potencialmente en juego y ya no se pueden ignorar estas obligaciones», subrayó el alto representante de la UE.
La Knéset (el Parlamento israelí) retomará este lunes su actividad parlamentaria tras concluir un receso de tres meses y todo apunta a que aprobará varias leyes que prohibirían UNRWA operar en territorio israelí, incluido el este de Jerusalén, anexionado unilateralmente en 1980.
El pasado 22 de julio los legisladores dieron el primer paso aprobando en primera lectura tres proyectos de ley destinados a prohibir sus actividades en Israel, a despojar al personal de sus inmunidades y privilegios, y a declararla «organización terrorista».
Israel ha justificado estas leyes asegurando que unos 2.100 empleados de la UNRWA pertenecen a la organización islamista Hamás, pero sin presentar pruebas contundentes.
El pasado mes de enero acusó a doce de sus más de 30.000 trabajadores de participar activamente en los ataques del 7 de octubre, a lo que la agencia respondió de inmediato abriendo una investigación interna y despidiéndoles. EFE
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