Durante la designación, Maduro dijo que se propone “avanzar en un proyecto de desarrollo de la minería ampliay diversa”, pero no dio detalles de la naturaleza y ejecución del proyecto. “Tenemos que ordenar el tema de la minería en un concepto ecológico, con la tecnología que aplique a este asunto. Si no, no va”, dijo Maduro.
A Silva corresponderá la supervisión de las actividades de la minería, especialmente del Arco Minero del Orinoco, vasto territorio creado por Maduro en febrero de 2016 tras los primeros cimientos dejados por Chávez, que es un área de explotación ilegal de oro y de otros recursos minerales, el cual abarca los estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro, lo que representa el 412,2% del territorio en el sur de Venezuela.
Desde 2016, en el Arco Minero campean la minería ilegal, asesinatos, el ecocidio y los grupos armados como el ELN colombiano. Y en en fecha reciente, han proliferado denuncias de presencia de garimpeiros provenientes de Brasil, y de explotación y tráfico de menores, por parte de Fundaredes.
Sin embargo, el nombramiento de Silva no se aprecia como un cambio significativo en la política de la minería ni encierra un propósito de enmienda, según especialistas, quienes sospechan, más bien, de “un cambio de estrategia”.
Quién es el responsable de la minería
Héctor Silva, abogado de profesión, se presenta en sus redes como especialista en negocios internacionales. Es el octavo ministro de Desarrollo Minero, al cual está adscrito la cuestionada Corporación Venezolana de Minería, y de Minerven, clave en la economía pospetrolera.
En la actualidad, sustituye al almirante William Serantes Pino, quien compartió responsabilidades con el mayor general Carlos Osorio, presidente de la Corporación y funcionario clave en el gobierno de Hugo Chávez, quien habría salido del cargo en abril pasado, en medio de denuncias de supuesta corrupción en el Arco Minero, según reportes.
El perfil de Silva no tendría en el pasado mayor vinculación con el sector minero.
Fue jefe responsable del Centro Internacional de Inversión Productiva de Venezuela, un organismo creado a partir de la aprobación de la Ley Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos, en 2020; y viceministro de Economía Productiva, dependiente del Ministerio de Economía, Finanzas y Comercio Exterior.
También fue presidente del Banco de Comercio Exterior (Bancoex) y desde abril de 2023, estuvo a cargo de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), tras la detención de la junta directiva anterior por presunta corrupción. Es también uno de los directores principales del Banco de Venezuela.
Ministro en medio de ilegalidad
El exdiputado Américo De Grazia, exalcalde en Bolívar y guayanés, afirma que el nombramiento de Silva, “ a quien no conozco”, no es señal de rectificación ni va a resolver todas las ilegalidades en la Corporacion. “No es asunto de cambiar a hombres”.
Señala que la Corporación “viola ocho artículos de la Constitución”que la colocan al margen de la ley “desde la primera hasta la última operación y favorece a oligopolios que tienen exclusividad sobre distribución y servicios que prestan al sur del Orinoco”.
“Todo lo que por oro ingresa no llega a 1% del PIB, lo que es perfectamente corroborable en la página web del BCV, lo que significa que no se está destruyendo todo el territorio por ese porcentaje insignificante, sino por algo mas”, señala De Grazia.
Destaca que la llegada de Silva coincide con el juicio sobre una concesion minera que recientemente Venezuela acaba de perder con la canadiense World Research. “Maduro para resarcirle el daño se vio obligado a reponerle la titularidad de la concesion en el kilómetro 88 de La Claritas, en el sur del Dorado, pero esta empresa no está haciendo uso legal de la concesión, porque ellos no tiene carretilla ni un pala en el terreno. Todas sus ganancias por la concesión están en la Bolsa de Vancouver (Canadá)”.
Cambio de estrategia minera
Por su parte, La ONG SOS Orinoco, defensora del ecosistema del sur contra la minería ilegal, sostiene que el nombramiento de Silva obedece “al mismo modelo que hemos visto en las últimas décadas del chavismo”, pero “pueden estar apuntando hacia un cambio de estrategia que es sustituir el buhonerismo minero por minería de franquicia”.
“Esto tiene que ver, no concesiones formales, sino con el tipo Traki, es decir, que viene personas con dinero hecho con este régimen pero entran como nuevos inversionistas. Creo que apuntan hacia allí. Y dentro de estos aliados se encontrarían los turcos y los chinos”, refiere la representante de la ONG.
Y agrega: El régimen puede ver la oportunidad de obtener fondos internacionales para temas del cambio climático, del fondo amazónico, entre otros y para esto tienen que cambiar su retórica. Silva, que fue presidente de la CVG, quizá haya hablado de tecnologías sostenibles y de minería ecológica, pero la realidad es que la minería ilegal sigue expandiéndose en áreas protegidas. Y SOS Orinoco lo sigue comprobando con imágenes satelitales”.
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