A 39 días de su detención, visiblemente afectado de salud luce el activista de derechos humanos y comunicador social recluido en la cárcel de máxima seguridad de El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), a quien se le permitió ser visto sólo por dos familiares.
Tras ser incomunicado por seis semanas en la que hubo violación a sus derechos fundamentales, “a Carlos Julio se le encontró con una condición física inestable. Su tensión está seriamente descontrolada y tiene recurrentes visitas al baño”, relató su cónyuge, Francy Fernández.
Expresó que el coordinador del Frente en Defensa del Norte de Caracas solicitó atención médica urgente, “le pedimos a las autoridades del SEBIN que permitan la visita de un cardiólogo para que controle el grave problema de hipertensión que aqueja a mi esposo, además presenta otros síntomas que deben ser evaluados”.
Responsabilizó al Estado de cualquier complicación de salud que manifieste el activista, “seguir negando la asistencia médica a un privado de libertad en el derecho penal internacional es considerado como una forma de trato cruel e inhumano. Nos preguntamos por qué el régimen se ha ensañado contra Carlos Julio, al cumplir con su labor periodística de informar y promover acciones de mejora para el cambio social en su parroquia Candelaria. Todo el país sabe que es inocente de lo que se le acusa”, afirmó.
Sin derecho a la defensa
Por su parte, el abogado miembro de Provea y defensor de los derechos humanos (DD.HH), Eduardo Torres, hizo un llamado urgente al cese de esta práctica con los presos políticos. “No es posible que a Carlos Julio Rojas se le haya impedido durante 39 días ver a sus familiares y todavía no pueda contar con representación legal particular. Debe respetarse el artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), que establece que todo detenido tiene derecho a comunicarse inmediatamente con su abogado de confianza y familiares”.
“Lo que temíamos fue ratificado, Carlos Julio Rojas sufre de la tensión y de otros posibles padecimientos. Solicitamos en primera instancia que se permita el acceso médico y suministro de los medicamentos que esté necesitando. La responsabilidad de su vida es del Estado venezolano”, señaló el jurista.
Torres exigió en segunda instancia que se le permita la asistencia jurídica a Rojas con sus abogados de confianza. “Carlos Julio es un defensor de DD.HH y de las comunidades como el centro norte de Caracas. Finalmente nos sumamos al llamado que ha hecho el Colegio Nacional de Periodistas (CNP), informar no es delito”.
“Ratificamos el llamado de las organizaciones defensoras de los derechos humanos como Provea y Amnistía Internacional que están exigiendo la libertad inmediata de Carlos Julio Rojas”, destacó.
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