Los ministros de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, y de Argentina, Patricia Bullrich, suscribieron este martes un acuerdo de trabajo para fortalecer la lucha contra el crimen organizado, informó la Presidencia del país centroamericano.
EFE
La fuente explicó en un comunicado que «el acuerdo representa una alianza estratégica y un compromiso entre ambas naciones para unir esfuerzos en favor de la prevención de la violencia y enfrentar con firmeza a los grupos del crimen organizado».
Señaló que, como parte del trabajo en conjunto a desarrollar, «se crearán espacios de análisis especializados para diseñar estrategias y desarrollar herramientas innovadoras que permitan combatir con efectividad a los grupos criminales».
La ministra argentina, que se encuentra de visita en El Salvador desde el domingo, sostuvo este martes un encuentro privado con el presidente Nayib Bukele, con quien intercambió experiencias sobre seguridad, según informó la Presidencia.
Bullrich también se reunió con el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, y le agradeció la colaboración en la visita que realizó la comitiva sudamericana.
En dos días de visita a El Salvador, Bullrich se trasladó a la megacárcel del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), se reunió con los jefes de la Policía, de la Fiscalía General y de la Defensa Nacional.
Bullrich, la exrival electoral del presidente argentino, Javier Milei, felicitó este martes mediante un video a Bukele por «devolverle la paz y la tranquilidad» a su país.
La Administración de Milei y de Bukele se han mostrado cercanas luego de que el mandatario argentino asumió su cargo como mandatario.
Milei estuvo en El Salvador el pasado 1 de junio en el contexto de la toma de posesión de Bukele para un segundo mandato consecutivo a pesar de estar prohibido en la Constitución.
La política de seguridad del Gobierno de Bukele, que cuenta con amplio respaldo popular, se ha centrado desde 2022 en la suspensión de garantías constitucionales y arrestos masivos de supuestos pandilleros mediante un régimen de excepción.
Esta medida fue aprobada por la Asamblea Legislativa a petición del Ejecutivo en marzo de 2022 tras una escalada de asesinatos que se cobró la vida de más de 80 personas en tres días, atribuida a las maras, pero que investigaciones periodísticas de el medio El Faro señalan que se dio tras la ruptura de un pacto entre estas bandas y el Gobierno.
De hecho, el Gobierno de Estados Unidos ha sancionado a funcionarios del Ejecutivo de Bukele bajo acusaciones de coordinar reuniones con pandilleros.
El referido régimen ha dejado más de 80.000 detenciones y más de 6.000 denuncias de atropellos a derechos humanos, entre ellas por detenciones arbitrarias y torturas.
Las organizaciones humanitarias también han dado cuenta de más de 300 muertes de personas detenidas, la mayoría con signos de violencia.
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