Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos anuló el miércoles el fallo de un juez de que los tenedores de bonos tenían reclamos válidos contra la compañía petrolera estatal venezolana relacionados con su refinería estadounidense Citgo, y ordenó al juez que aplicara la ley venezolana al evaluar los reclamos.
La decisión del Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos en Manhattan podría dar un impulso a los opositores del presidente venezolano Nicolás Maduro, que desde 2019 controlan algunos de los activos en el extranjero de Petróleos de Venezuela (PDVSA).
La jueza de distrito estadounidense Katherine Polk Failla en Manhattan aplicó la ley de Nueva York en octubre de 2020 cuando autorizó a los tenedores de bonos de PDVSA a apoderarse de una participación del 50,1% en Citgo, una filial de PDVSA que se había prometido como garantía para los bonos.
Failla también presentó una sentencia por 1.680 millones de dólares contra PDVSA, declarándola en rebeldía.
Los bonos habían sido emitidos durante el gobierno de Maduro, pero los opositores dijeron que la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, nunca aprobó el uso de Citgo como garantía.
En la decisión del miércoles, el Segundo Circuito dijo que si bien podía decidir cuestiones de derecho extranjero, Failla estaba en una mejor posición porque había revisado los materiales de las partes y los peritos.
La oposición venezolana quería que la disputa se resolviera según la ley de su país.
Los abogados de PDVSA y de los respectivos fiduciarios y agentes de garantía de los tenedores de bonos, MUFG Union Bank y GLAS Americas, no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.
Citgo es considerado el activo más preciado de Venezuela fuera del país.
Con sede en Houston, Citgo opera, abre tres refinerías y una red de oleoductos y terminales, y abastece a miles de gasolineras de la marca Citgo.
En octubre de 2022, el Segundo Circuito había pedido orientación al tribunal más alto de Nueva York sobre si la ley venezolana o la de Nueva York regían la disputa sobre bonos. El tribunal estatal decidió en febrero que se aplicaba la ley venezolana. REUTERS
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