En agosto de 2023, la Asamblea Nacional controlada por el chavismo designó a los cinco rectores de un nuevo directorio del Consejo Nacional Electoral (CNE), ente regulado por una ley orgánica propia y al que la Constitución vigente de 1999 reconoce como cabeza del Poder Electoral.
La postulación y posterior selección de los rectores por parte del parlamento oficialista obedecieron a la renuncia coreografiada de sus antecesores, en junio del mismo año. La renovación consiguiente, de cara a las, entonces, apenas probables elecciones presidenciales de 2024, conservó la proporción de la directiva previa, con la que se garantizaba el predominio del gobierno en ese organismo: tres rectores de afiliación chavista y dos de la oposición.
La asignación por cuotas partidistas contraría lo establecido por la misma Constitución, cuyo artículo 296 reza de manera explícita: “El Consejo Nacional Electoral estará integrado por cinco personas no vinculadas a organizaciones con fines políticos”. Pero la fórmula vigente, sintetizada tras arduas negociaciones políticas, al menos extiende una pátina de pluralidad sobre la imagen del árbitro electoral.
Los dos rectores elegidos entonces para representar a la oposición fueron Juan Carlos Delpino, vinculado al partido Acción Democrática (AD), y Aime Nogal, cuyos lazos con Manuel Rosales, excandidato presidencial, actual gobernador del estado Zulia, y líder del partido Un Nuevo Tiempo (UNT), eran ampliamente conocidos.
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