Cuando Colombia vivía sus tiempos más sangrientos, en el pasado, con la acción de los cárteles del narcotráfico y las guerrillas, el flujo en el puente Simón Bolívar, que une las ciudades fronterizas de San Antonio de Táchira (Venezuela) y Cúcuta (Colombia) era prácticamente en una sola dirección. Las personas salían de Colombia para refugiarse, comprar y trabajar en Venezuela, un país estable en el que abundaban los servicios y el empleo.
Sin embargo, en las últimas dos décadas, ese flujo se ha invertido. La mayoría de los que cruzan hacia Cúcuta son venezolanos, no solo para hacer compras, estudiar y trabajar, sino también para subirse a autobuses que los llevan a Bogotá, Quito e incluso Lima. El puente se ha transformado en un símbolo del éxodo venezolano, que ya ha llevado a más de 7,7 millones de personas al exilio (2,8 millones de ellas están en Colombia), según datos de la ONU.
Colombia y Venezuela comparten una frontera de 2.300 km, y gran parte de ella está densamente poblada. Sin embargo, la desigualdad en las condiciones de vida a ambos lados la ha convertido en un lugar propenso al contrabando, el narcotráfico y la presencia de cárteles y facciones criminales, lo que hace muy peligrosa la vida en esas áreas.
ABC visitó la región en la semana de las elecciones venezolanas, a finales del mes pasado, y pudo ver a estas organizaciones en acción. No es en los puentes, sino en las ‘trochas«, los pasos clandestinos, donde se ven las escenas más terribles dejadas por los conflictos.
Bandas que extorsionan
En estos senderos, obviamente, no es necesario mostrar documentación para cruzar, pero los riesgos son muchos. Ahí actua, por ejemplo, el Tren de Aragua, una banda venezolana que hoy está presente en cinco países de la región. Además de asaltar a los transeúntes, controlan el comercio local mediante la extorsión a los comerciantes, cobran peajes en las carreteras y hacen de Cúcuta, del lado colombiano, una ciudad muy peligrosa. En muchos casos, operan junto con los ‘colectivos’, milicias venezolanas creadas durante el Gobierno de Hugo Chávez que, en principio, funcionaban como una policía paralela. Con el tiempo, no todos los grupos de colectivos respondieron al Gobierno, sino que comenzaron a actuar como bandas delictivas.
En el departamento de Norte de Santander, en Colombia, también actúan disidencias de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y el ELN (Ejército de Liberación Nacional), que aún están en conflicto con el gobierno colombiano. «Toda vez que cometen un acto violento aquí y queremos perseguirlos, encontramos enormes dificultades, pues cruzan la frontera y se refugian en Venezuela», dice Alfredo Canizales, de 53 años, jefe de operaciones de la policía colombiana en la región.
Campamentos de criminales
Según datos oficiales colombianos, hay alrededor de 200 campamentos de criminales en el lado venezolano de la frontera, donde grupos colombianos y venezolanos encuentran refugio de la policía, y que también sirven como bases de entrenamiento. Entre los productos que más se trafican están la cocaína, el fentanilo, drogas sintéticas e incluso bebidas alcohólicas y combustible.
Durante la gestión del expresidente colombiano Iván Duque (2018-2022), la frontera fue cerrada para dificultar el acceso de estos grupos a esos refugios. Sin embargo, en la región fronteriza hay mucha resistencia a esta medida, que terminó dificultando la vida de quienes necesitan cruzar todos los días para ir a la escuela o al trabajo. La población local tiene una documentación especial para transitar, ya que ambas ciudades están económicamente vinculadas.
La reapertura de la frontera durante el Gobierno de Gustavo Petro fue celebrada por esta población, pero la criminalidad aumentó. Los asesinatos en estos senderos que bordean el río Táchira son comunes. A finales de junio, fueron asesinadas ocho personas; a principios de julio, otras trece. La policía atribuye estas muertes a la demarcación de territorios entre los numerosos grupos que operan en la zona.
Kenny Sanguino Cuéllar, investigador el el campo de la seguridad en la Universidad Libre de Cúcuta, prevé un empeoramiento en la región si los gobiernos de Colombia y Venezuela no actúan de manera conjunta. «El Clan del Golfo [grupo criminal colombiano] ya no quiere saber nada del Tren de Aragua aquí y está armando una ofensiva. Es una guerra anunciada. Y Maduro y [Gustavo] Petro [presidente colombiano] lo saben», afirma.
Un agravamiento de la inestabilidad venezolana con la continuación de la dictadura de Nicolás Maduro, dice el académico, solo empeorará esta situación.
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