El Parlamento de Nicaragua aprobó este martes una serie de reformas que cambiarán significativamente el funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales en el país centroamericano. Es que, a partir de ahora, las ONG deberán formar “alianzas” con las instituciones del Estado para ejecutar sus proyectos.
El paquete de modificaciones fue impulsado por el régimen, y aprobado de forma urgente y unánime por los 91 diputados apenas 24 horas después de que Daniel Ortega disolviera 1.500 ONG, en una acción que se enmarca dentro de una política de asfixia contra las organizaciones no gubernamentales.
Las tres leyes modificadas son la Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro, la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y la Ley de Concertación Tributaria.
De acuerdo con el nuevo marco legal, las ONG deberán presentar sus propuestas de colaboración a las entidades públicas a través de los ministerios correspondientes, como el Ministerio del Interior o la Cancillería, dependiendo de la naturaleza del proyecto.
En cualquiera de los casos, la dictadura se reserva el derecho de aceptar o rechazar estas propuestas.
Los cambios en la legislación implican además que el régimen debe autorizar cada alianza, supervisar su ejecución y, al culminar un proyecto, las ONG podrán proponer nuevas alianzas “siempre que se ajusten a su área de acción”.
“A partir de la fecha las ONG que funcionan en Nicaragua se regirán por un nuevo modelo de operatividad que hemos caracterizado como ‘Alianzas de asociación’”, había adelantado el pasado viernes la vicepresidenta nicaragüense y primera dama, Rosario Murillo.
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