El Gobierno de Argentina, condenó las detenciones ilegales de niños y adolescentes en Venezuela, tras las protestas en contra de los resultados electorales del pasado 28 de julio, donde el Consejo Nacional Electoral (CNE), proclamó a Nicolás Maduro, como nuevo presidente.
«La República Argentina manifiesta su más enérgica condena a la detención de 132 menores de edad, víctimas de la total vulneración de sus derechos humanos fundamentales, en un contexto de una represión indiscriminada«, reza parte del comunicado.
«A estos niños y adolescentes el Estado venezolano pretende imputarles cargos de terrorismo, mientras que no se les permite el contacto con sus familiares ni designar abogados de confianza, a la vez que se les impone defensores públicos de manera forzada, cuya imparcialidad no está garantizada».
«La intención de imputarles a un grupo de niños y adolescentes cargos de terrorismo es deplorable y atroz, máxime teniendo en cuenta que, tal como afirmó la Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Roberta Clarke, es el régimen de Maduro el que aplica prácticas de terrorismo de Estado en Venezuela».
A continuación el comunicado íntegro:
La República Argentina condena las detenciones ilegales de niños y adolescentes en Venezuela y manifiesta su profunda preocupación por las violaciones de la Convención sobre los Derechos del Niño por parte del régimen de Maduro.
En el marco de su permanente compromiso con la defensa de los derechos humanos, la República Argentina manifiesta su más enérgica condena a la detención de 132 menores de edad, víctimas de la total vulneración de sus derechos humanos fundamentales, en un contexto de una represión indiscriminada. A estos niños y adolescentes el Estado venezolano pretende imputarles cargos de terrorismo, mientras que no se les permite el contacto con sus familiares ni designar abogados de confianza, a la vez que se les impone defensores públicos de manera forzada, cuya imparcialidad no está garantizada. Estos graves hechos representan una notoria violación de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas, así como también de todos los tratados internacionales de derechos humanos de los que Venezuela es parte.
La intención de imputarles a un grupo de niños y adolescentes cargos de terrorismo es deplorable y atroz, máxime teniendo en cuenta que, tal como afirmó la Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Roberta Clarke, es el régimen de Maduro el que aplica prácticas de terrorismo de Estado en Venezuela.
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