Olmedo López y Sneyder Pinilla, que confesaron delitos en la mayor trama de corrupción del Gobierno del presidente colombiano, Gustavo Petro, fueron enviados por razones de seguridad y para protegerles su vida a guarniciones militares en donde seguirán presos, según lo determinó este sábado un juez de Bogotá.
«Nunca había encontrado una audiencia en la que todas las partes estuvieran de acuerdo sobre cuál es la medida que se debe imponer ni en qué condiciones se debe cumplir, ello para referirme que de alguna manera facilita la decisión porque no existe una controversia que sea necesario abordar de fondo», dijo el juez Cidulfo Hernández.
Igual medida impuso para el contratista Luis López, durante una audiencia realizada en el complejo judicial de Paloquemao de Bogotá.
La Fiscalía informó en un comunicado que la decisión resaltó que la Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia acreditó la participación de los exfuncionarios y el excontratista en un entramado de corrupción, que direccionó la contratación en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para cubrir obras de mitigación de emergencias y suministro de agua potable para las comunidades indígenas de La Guajira.
Durante la diligencia el exdirector de la UNGRD Olmedo López y el exsubdirector para el Manejo de Desastres de esta entidad Sneyder Pinilla, y el contratista Luis López, fueron imputados por cinco delitos.
Los cargos imputados, que no fueron aceptados, son concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación agravado, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público.
Las evidencias por la Fiscalía dan cuenta de que, entre marzo de 2023 y febrero de 2024, desde la UNGRD se entregó información privilegiada a algunos contratistas.
Esto les permitió, según la Fiscalía, inscribir empresas al registro de proveedores de manera apresurada para cumplir requisitos y también «acordó el pago de dádivas de hasta el 14 % del valor de los procesos contractuales comprometidos, y falsificaron documentos para legalizar contratos y desembolsos».
El origen del caso
La imputación tiene como origen la supuesta malversación de 46.800 millones de pesos (unos 11,7 millones de dólares) en la compra por parte de la UNGRD de 40 camiones cisterna para llevar agua potable a zonas desérticas del departamento caribeño de La Guajira.
De acuerdo con la Fiscalía, de la trama de corrupción, además de López -que fue nombrado en cargo por el presidente Petro- y de Pinilla también hacen parte Luis Eduardo López Rosero, por ser contratista en la compra de los carrotanques y, según la acusación, haber recibido un 13 % de la licitación.
El ente acusador argumentó en la audiencia de hoy que López se quedó con 724 millones de pesos (unos 179.000 dólares), mientras que Pinilla 342 millones de pesos (unos 82.000 dólares) en coimas y contratos.
También estarían implicados, según las informaciones publicadas por los medios, Sandra Ortiz, que fue consejera para las Regiones; Iván Name, del Partido Verde y que fue presidente del Senado en la anterior legislatura (2023-2024), y Andrés Calle, expresidente de la Cámara.
Este escándalo también salpica a Carlos Ramón González, que renunció en julio pasado a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), cercano a Petro.
Otro de los señalados en este proceso es el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien según la Fiscalía fue determinante, en coordinación con Olmedo López, para la adjudicación de tres contratos por 92.000 millones de pesos (unos 23 millones de dólares) para beneficiar a seis congresistas a cambio de que apoyaran la ampliación del cupo de endeudamiento del Gobierno.
EFE
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