La expresidenta transitoria de Bolivia Jeanine Áñez (2019-2020) sostuvo este lunes que el inicio de dos nuevos juicios en su contra por la crisis de 2019 y por acciones durante su gestión interina buscan «distraer» a la población de los problemas económicos actuales.
EFE
«Como ya nadie les cree nada y la crisis económica y de su régimen necesita un chivo expiatorio, otra cortina de humo, sin importarles la Constitución ni la vida. Ahora hoy comienza el siguiente show: Dos juicios orales ilegales y simultáneos en mi contra», escribió la exgobernante en sus redes sociales.
Uno de los juicios se enmarca en el caso conocido como ‘Senkata’, por el que la Fiscalía acusa a la exmandataria y a dos exministros del supuesto delito de «genocidio» por las muertes de civiles en el barrio homónimo de la ciudad de El Alto, vecina de La Paz, durante el conflicto post electoral de 2019.
El proceso debía instalarse en esta jornada, pero fue aplazado por la ausencia de varios de los imputados y los acusadores, explicó la senadora Centa Rek, de la fuerza opositora Creemos, que respalda a la exmandataria.
El otro juicio, anunciado para este martes, es por una supuesta designación irregular en la estatal Empresa Boliviana de Alimentos (EBA) durante su gestión.
Áñez, encarcelada en La Paz desde 2021, calificó estos procesos de «patrañas» y reiteró que está «secuestrada y en detención preventiva hace 1.267 días».
«Hagan lo que hagan, el circo ya no les alcanza para distraer a un pueblo convencido de que son lo peor que le pudo pasar a Bolivia», agregó.
El Gobierno de Luis Arce y su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), consideran que la salida de Evo Morales (2006-2019) de la Presidencia en 2019 fue por un golpe de Estado, mientras que sus detractores sostienen que la crisis fue consecuencia de un fraude electoral a su favor en los fallidos comicios generales de ese año.
Áñez fue detenida y encarcelada en marzo de 2021 dentro del proceso conocido como ‘golpe de Estado I’, iniciado por una exdiputada del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) y en el que se le acusa de terrorismo y conspiración por la crisis de 2019.
En 2022, la exgobernante fue sentenciada a 10 años de prisión por otro proceso, el ‘golpe de Estado II’, en el que fue acusada de situarse ilegalmente en la línea de sucesión en 2019.
La Fiscalía y el Gobierno consideraron que Áñez se proclamó presidenta vulnerando los reglamentos parlamentarios, y que esa responsabilidad debía caer sobre un legislador del MAS, mientras que la defensa de la exmandataria interina defendió que hubo un vacío de poder tras la renuncia de Morales.
Áñez siempre ha reclamado un proceso especial como expresidenta y en 2023 denunció al Estado boliviano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por negarle un juicio de responsabilidades.
Sobre el juicio por el caso ‘Senkata’, el ministro de Justicia, Iván Lima, hizo «votos» para que el proceso se instale el miércoles «y la justicia repare el daño causado a las víctimas y a sus familias» porque su «dolor y sufrimiento (…) no puede quedar impune».
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