«¡El Congreso reconoce a Edmundo González como presidente electo de Venezuela! Hemos obtenido otra gran victoria más. ¡Avanzamos!», saludó ayer la líder opositora María Corina Machado el reconocimiento del Parlamento español. Una victoria llena de simbolismo que refuerza la estrategia de cara al 10 de enero, fecha de la toma de posesión presidencial.
La oposición democrática busca que para entonces, González Urrutia sea reconocido como presidente electo por la comunidad internacional, algo que hasta ahora no ha sucedido en América, pese a que buena parte de los países sí le ve como ganador y sí han denunciado el megafraude de Nicolás Maduro.
«Internacionalmente se discute sobre el reconocimiento de gobiernos o estados, no de presidentes electos», aclaró a EL MUNDO el internacionalista Mariano de Alba. «Lo que se debería pedir al Gobierno de España es que Pedro Sánchez reciba en audiencia en el palacio de la Moncloa a González Urrutia en su condición de ganador de las elecciones presidenciales. La práctica en España es que sea La Moncloa el lugar de recepción para los presidentes electos», añadió De Alba.
En las anteriores reuniones de Sánchez con líderes venezolanos en el exilio se eludió La Moncloa: a Leopoldo López le recibió en la sede socialista de Ferraz y al entonces presidente encargado, Juan Guaidó, ni siquiera lo hizo él, sino que delegó en la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, que eligió la Casa de América como punto de encuentro en 2019.
Los países de América que de forma más taxativa han definido a González Urrutia como presidente electo son Panamá y Ecuador. «Por mandato popular, don Edmundo es presidente electo de Venezuela», declaró el mandatario José Raúl Mulino a mediados de agosto, tras la firma en Santo Domingo de una declaración conjunto entre países americanos y europeas, incluida la UE, en la que se exigía la publicación de todas las actas electorales, algo que no ha sucedido.
«Los demás países que se han pronunciado en un sentido similar a Panamá, como Argentina, Costa Rica, Uruguay, Ecuador y Estados Unidos, hablan de González Urrutia como el que obtuvo la mayoría de los votos, ganador indiscutido, obtuvo apoyo mayoritario o legítimo ganador», precisó De Alba.
El más cercano a las tesis panameñas es Ecuador. En el último comunicado oficial, la Cancillería culpó a «la deriva autoritaria del ilegítimo régimen de Maduro que el presidente electo deba abandonar su país». Todo ello pese a la oposición radical de la revolución ciudadana de Rafael Correa, aliada de Maduro, que da por ganador al amigo de su líder. «En todo caso presidente electo no posesionado, ya que fue elegido en un proceso electoral del que hay evidencia que ganó», matizó para EL MUNDO Michel Levi, coordinador del Centro Andino de Estudios Internacionales.
Costa Rica y Uruguay también han flirteado con el término «presidente electo», sin tanta contundencia como los dos países anteriores, además de Argentina, pese a las idas y venidas con los términos por motivos de política interna. Perú, que fue el primero que denominó presidente electo a Edmundo (a través del canciller, pero sin nota oficial), sufrió posteriormente un replanteamiento en medio de cambios gubernamentales.
Estos seis países, junto a Estados Unidos y Canadá, son los que de forma abierta consideran ganador de las elecciones al candidato opositor. Al otro lado de la trinchera democrática están las dictaduras cubana y nicaragüense, además de Honduras y Bolivia, que aclamaron a Maduro pese al pucherazo electoral.
Brasil, México y Colombia mantienen una actitud equidistante, en aras, aseguran, de alcanzar acuerdos. El Gobierno progresista de Chile sí ha denunciado el fraude de Maduro, al igual que Guatemala, Paraguay y República Dominicana.
«En la región, buena parte de los estados reconocen como ganador a Edmundo, sin embargo no quieren replicar el caso Guaidó, con un Gobierno sin poder en el exilio», descifró Levi para este periódico.
«No hay comparación posible entre la Presidencia encargada y la situación actual», constató el politólogo Ángel Álvarez. «Ni un juramento de base jurídica discutible ni votos conducen al poder real si no hay Estado de Derecho. Ambos son solo señales dirigidas a ganar apoyo de poderes fácticos y otros estados. Pero no por ello son equivalentes», sentenció.
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