Cientos de personas, por causas políticas, han sido llevadas a las cárceles más peligrosas del país, como Tocorón, así como a los centros de reclusión y tortura del Sebin y la Dgcim. Se le agrega un alto número de citados a los cuerpos policiales para extorsionarlos. Todo está enmarcado en la orden de represión y persecución con la Operación Tun Tun. “Se reedita el nazismo ante la mirada inclemente del mundo”, le dice a Infobae un abogado y defensor de Derechos Humanos.
Infobae | Sebastiana Barráez
Los detenidos son aquellos testigos de mesa, coordinadores de centros electorales o facilitadores del personal electoral, así como los que a criterio del régimen son activistas políticos. Ellos se suman a la larga lista de destacados dirigentes que han acompañado a María Corina Machado, incluso los de su equipo operativo. Otros son citados a los cuerpos policiales con amenazas de ser encarcelados sino pagan con dinero, vehículo u otros objetos de valor.
En los estados fronterizos, familias completas han huido del territorio venezolano para ocultarse al otro lado de la línea fronteriza, bien sea en Colombia o Brasil. Una de esas regiones está en los andes venezolanos. Del Táchira huyen de la persecución y represión: ex alcaldes, concejales, dirigentes políticos municipales y hasta rurales, muchachos de la juventud, ex diputados, en fin, el número no está cuantificado aun.
Organizaciones como ACNUR están prestando ayuda, en territorio colombiano, a los desplazados por razones políticas, muchos de ellos gente muy humilde que necesita la asistencia para poder comer o un lugar seguro para dormir.
El diputado nacional William Camacho Lugo, hijo de la diputada regional Nellyver Lugo, es uno de los que sin disimulo promueve la Operación Tun Tun. El hombre se muestra con su jefe político, Diosdado Cabello Rondón, uno de los principales impulsores de la política de persecución, más aún ahora con el poder que tiene como Ministro del Interior y Justicia.
El Ministerio Público, a través de fiscales provisorios, como la del Táchira, Herly Migdalia Quintero Bautista, solicitan temerarias detenciones u órdenes de allanamiento contra quienes participaron como testigos en las mesas electorales. Y en complicidad con jueces, como la Quinta de Control, Neyda Angélica Tubiñez Contreras de Control, se ejecutan de allanamiento para que las víctimas, sin derecho a la defensa, pierdan todo lo que los funcionarios encuentran en las viviendas: computadoras, teléfonos celulares, equipos de video y de juegos, prendas de mujeres y niñas, entre otros.
En las órdenes de allanamiento, de fiscalía y jueces, se estipula que se localicen e incauten: “Armas de fuego, equipos electrónicos, computadoras de mesa, laptop, teléfonos celulares, equipos remotos (drones), morteros, bombas molotov o cualquier evidencia de interés criminalístico relacionados directamente con la investigación fiscal”. Así todo lo que tenga valor para los funcionarios entra en la categoría “cualquier evidencia”.
Resaltan en las órdenes que el allanamiento “en lo posible” serán realizados con dos testigos hábiles preferiblemente vecinos del lugar, sino no importa, es la conclusión. Y destacan que si en el lugar, donde lleguen a ejecutar el allanamiento, no hay nadie, pues procedan por la fuerza.
Las acciones de tribunales y fiscalía tienen el respaldo del gobernador Freddy Alirio Bernal Rosales, quien tiene hombres armados a todo lo largo de la frontera, a la vez que con su llegada al Táchira, se consolidó y fortaleció en esa parte del territorio venezolano el Ejército de liberación Nacional (ELN), la segunda guerrilla colombiana.
“No pude más”
Todos los que trabajaron en el equipo de la doctora Nélida Sánchez, coordinadora nacional de Formación Ciudadana Electoral, quien se encuentra detenida, están buscados y perseguidos. El lunes, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) se apostaron frente a la casa de la doctora Judith Nieto en San Cristóbal a sacar fotos de su vivienda en el Barrio Sucre de San Cristóbal, Táchira. Nieto fue una de las preparadoras de los testigos de mesa.
Otros facilitadores electorales como Ender Ruiz, dirigente de Copei, tuvo que huir con su familia por las amenazas de muerte del ELN, quienes le marcaron sus casas, al estilo de lo que ocurrió en la Alemania Nazi contra los judíos; Ruiz como su esposa fueron facilitadores electorales en el municipio Capacho del estado Táchira.
“Tuve que huir hacia Colombia, luego de estar varios días escondidos, pero ya era imposible porque todo el mundo tiene miedo. Toda la familia huyendo, como si fuéramos delincuentes, mientras los verdaderos delincuentes están en el poder en Venezuela”, le dice a Infobae un testigo electoral.
Para seguir leyendo, visite infobae
Si quieres recibir en tu celular esta y otras informaciones descarga Telegram, ingresa al link https://t.me/albertorodnews y dale click a +Unirme.
