A raíz del 28-J, el régimen se ha radicalizado. Ese día se produjo un tsunami represivo que ha llevado al encarcelamiento de casi 2000 venezolanos, entre los cuales hay 16 periodistas. Se ha impuesto el terror como política cotidiana, mientras la censura y la autocensura es una pátina, cada vez más gruesa, que ha erosionado las coberturas periodísticas, porque no hay acceso a la información pública, y los expertos, investigadores, activistas políticos, han tomado nota y muchos de ellos prefieren guardar silencio.
Según la Iglesia Católica, el limbo no existe, pero en Venezuela es una realidad política. La línea de tiempo que marcó la destrucción del ecosistema comunicacional del país, cierra ahora con broche de oro, la llamada operación tun-tun.
Quien habla es Marco Ruiz*.
¿Cómo calificaría las circunstancias, el entorno, en el que ejercemos libertad de expresión en Venezuela?
Es un entorno restrictivo, en el que se evidencia una ausencia de garantías para el ejercicio de la libertad de expresión. No sólo afecta el trabajo periodístico, sino a todos los venezolanos que se ven inhibidos de emitir sus opiniones en el debate público de asuntos que se son de interés para todos. Vemos a personas que han sido sometidas a juicio por expresar sus opiniones, con relación a la situación política que se vive en el país. En el ejercicio del periodismo, estas restricciones están afectando a fuentes informativas, a expertos, investigadores, voceros de la sociedad civil, dirigentes políticos, activistas de derechos humanos que, cada vez, se ven más inhibidos a propósito de las restricciones al derecho de la libertad de expresión. Para algunos esto genera incertidumbre y para otros es un boleto directo a un estrado judicial. Lo que viene a deteriorar, aún más, un entorno en el que no hay acceso a la información pública, ni interpelaciones a quienes ejercen responsabilidades en la función pública. Pese a estas restricciones, creo que es oportuno decir que la verdad no puede ser encarcelada, ni silenciada. Siempre hay una forma de que la verdad y los hechos se conozcan.
Aquí hubo un proceso de judicialización de la política que todos conocemos. Dirigentes políticos que fueron inhabilitados o sometidos a juicios; partidos políticos que fueron intervenidos y lo que estamos viendo actualmente es un proceso de judicialización del ejercicio del periodismo. ¿Qué diría alrededor de este planteamiento?
Hasta la fecha de hoy, nosotros tenemos a 16 periodistas, reporteros gráficos y trabajadores de la prensa detenidos. Eso habla de esa judicialización. Son acciones que crean inhibiciones y amenazan el periodismo. Además de otros derechos fundamentales, como la libertad de expresión y el acceso a la información. Ese intento por controlar la verdad y la información, ha encontrado resistencia y lo hemos visto, incluso, desde el 28-J, cuando se impuso una política de miedo, de terror. La gente ha creado herramientas para expresarse, para informarse, con la participación (no en todos los casos) de medios y periodistas.
¿No resulta llamativo y preocupante, a la vez, que estas detenciones a periodistas hayan aumentado después del proceso electoral del 28-J?
Quisiera detenerme en esos 16 casos, porque finalmente ellos están tras las rejas, debido al trabajo que realizan como periodistas: Paúl León; Ana Carolina Guaita; Carmela Longo, que, si bien está en libertad, sigue imputada y sometida a medidas sustitutivas; Deisy Peña, Fernando Chuecos… nueve de esos 16 periodistas han sido detenidos, después del 28-J y acusados por delitos de terrorismo.
Estas detenciones son el pasó más reciente, en un contexto en el que ha habido un exterminio de los medios de comunicación.
Hay una línea de tiempo. El inicio fue un discurso estigmatizante contra medios y periodistas. Se generó una atmósfera de desconfianza, en la cual los periodistas y los medios independientes fueron señalados como enemigos del país. Ese discurso tuvo consecuencias. Primero, la desconfianza y luego las agresiones. Se crearon nuevas leyes y se hizo un uso discrecional del marco regulatorio. Se otorgaron concesiones con un criterio de premio-castigo. Se creó un monopolio para la compra y distribución de papel periódico (lo que tenía antecedentes en el gobierno de Jaime Lusinchi). De 100 medios impresos, hoy sobreviven 20. Toda una proeza. Se creó la Ley Resorte, luego modificada para incluir a los medios electrónicos. Elementos que vinieron a fortalecer la censura previa, algo que está negado en la Constitución del 99. Se modificó el Código Orgánico Procesal Penal y se aumentaron las penas para los llamados delitos de opinión (la injuria, la difamación). Un claro retroceso, si tomamos en cuenta los estándares internacionales en esta materia. Se modifica la Ley de Telecomunicaciones y más recientemente, se sanciona la llamada ley contra el odio. Se aprueba en primera discusión la ley contra el fascismo… y eso culmina con la judicialización de periodistas.
Antes era una retórica, una amenaza, un clima. Pero actualmente es una señalización concreta, una persecución personal.
Es una escalada restrictiva, de asedio, de persecución, contra la crítica y la disidencia. Lo mencionamos al comienzo de esta conversación. Y, en esa escalada, se actúa directamente contra periodistas y trabajadores de la prensa. Se les persigue y se les obliga al exilio. Se amenaza a sus familiares. Se detienen y se ponen presos. Se les procesa por cargos de terrorismo. Hoy tenemos pruebas y evidencias de que lo que fue un discurso pasó a ser una realidad.
Marco Ruiz retratado por Alfredo Lasry | RMTF
¿Se trata de una política de Estado?
Sí. Es una política de Estado en la cual actúan como cómplices otras instituciones del Estado. Lo podemos ver cuando en un programa de Televisión se hacen señalamientos, alusiones, comentarios, que pudieran considerarse como mensajes de odio. Y, a los pocos días, desde organismos policiales, el Ministerio Público y Conatel, se materializa lo que termina siendo una acción coercitiva.
Recuerdo que en ese programa se habló de la operación Tun tun. Los hechos vinieron a ratificar lo que se dijo entonces. ¿Qué diría de este tsunami represivo?
En primer lugar, hay un escalamiento en estas prácticas de persecución, de asedio, de silenciamiento de la verdad. Y luego de todo aquel que intente visibilizar esa verdad. Esto ha venido a aclarar ciertas dudas, incluso las que tuvimos en el pasado, al momento de calificar el sistema de gobierno en el que vivimos. Nos percatamos, en efecto, de que se trata de un sistema autoritario, que no ha podido dar respuesta a una demanda que se escucha a gritos en todas las calles del país y también, con mucha fuerza, a nivel internacional. Venezuela y el mundo entero se hace la pregunta: ¿Qué pasó el 28 de julio? ¿Dónde están los resultados de ese día? ¿Qué va a hacer el periodismo frente a esa pregunta? El periodismo tiene que estar ahí, recogiendo esa pregunta, para tratar de entender lo que está ocurriendo. No habiendo una respuesta, se aplican mecanismos de coerción y silenciamiento, de judicialización, como hemos dicho, contra quienes se atreven a preguntar.
El hecho de que se judicialice a los periodistas, aumenta en grado superlativo, el clima de censura y autocensura, que ya existía en Venezuela. Ya estamos transitando por ese terreno minado.
A los periodistas no nos gusta hablar de autocensura. No estamos formados, ni para autocensurarnos, ni para tolerar la censura impuesta.
Sí, es una mortificación.
Pero viendo lo que ocurrió con el ecosistema de medios de comunicación (más de 400 medios han cerrado o han sido clausurados). Siendo testigos del exilio de periodistas (139, de acuerdo a un estudio de Ipys Venezuela), lo menos que uno puede decir es que estamos en una situación de supervivencia. Y es en medio de esa difícil circunstancia, donde nos vamos a preguntar ¿Esto está bien decirlo? ¿O no está bien decirlo? Creo que el periodismo venezolano se ha reinventado, se ha articulado de manera distinta. Ha cambiado la forma de trabajar. Vemos ejemplo de trabajos colaborativos, por ejemplo. Son herramientas que han permitido burlar la censura y la autocensura. En el SNTP tenemos monitores en los 24 estados del país. Y la verdad es que, en Táchira, en Trujillo, en Carabobo, en Portuguesa, en Yaracuy, hay periodistas que están a resguardo, porque se impuso el terror. Sintieron que su vida estaba o está en riesgo. Pero ninguno ha desistido. Sigue habiendo espacios y articulación, para que la verdad se conozca como un hecho verificado y comprobado.
Para un periodista que haga su trabajo bajo el marco legal que se ha aprobado en esta línea de tiempo y de las presiones que de toda índole ha ejercido el poder, su día a día se ha convertido en un dilema, que consiste en hacer su trabajo de la mejor forma posible o plegarse a lo que el poder disponga o quiera que yo diga. Ese es el punto.
Es una decisión individual. Aunque silenciarse no debería ser una opción.
Vivimos en el limbo.
Sí, en el limbo y en la incertidumbre. Es saber que estás sujeto a una interpretación de la ley, que puede contradecir o estar al margen de lo que dispone la propia ley. Que estás lejos de los estándares internacionales en los que se discute el ejercicio de la libertad de expresión. No estás en el ámbito de la justicia civil o bajo disposiciones administrativas sino en la rama penal de la justicia. Diría que los periodistas vivimos bajo un toque de queda no decretado. Y cuando sales a la calle durante un toque de queda, sabes que es lo más probable que ocurra.
En el caso de la periodista Carmela Longo vemos cómo se aplica el toque de queda. La herramienta es la operación tun-tun.
Es un mecanismo de asedio, de persecución, de criminalización. Una práctica cruel. No en vano los organismos internacionales de defensa y promoción de Derechos Humanos han puesto el foco sobre Venezuela y a una sola voz han denunciado esas prácticas, que no se corresponde con un régimen democrático, sino a un régimen autoritario. Lo vemos después del 28-J. Ese día algo cambió. Y los venezolanos, los más ingenuos, todavía estamos esperando que desde el poder se nos explique ¿Qué pasó y qué cambió? ¿Por qué estamos asistiendo a esta radicalización que tiene presos a casi 2000 venezolanos y a 16 periodistas, en un contexto donde salieron a pedir explicaciones y a protestar una decisión oficial sobre un acto del que genuinamente participaron? Entonces, la operación tun-tun es un ejemplo de ese toque de queda, así como la ausencia de garantías para un reportero que sale a la calle a hacer una cobertura, sin tener certeza de que va a regresar a su casa. Paúl León no regresó. Lo detuvieron mientras estaba armando su trípode y hacer una cobertura en Valera. Mes y pico después, no ha regresado a su casa. Esta práctica, que forma parte de la misma receta, de ofrecer recompensas a quienes delaten a disidentes, a activistas, a periodistas.
Estos mecanismos de delación, estos videos sobre la represión, producidos por organismos oficiales, nos dice que se quitaron la careta. Todo es explícito y se hace a plena luz del día. No son únicamente periodistas, sino gente del común. Y lo que está en juego no es el ejercicio de la libertad de expresión sino la propia Constitución.
Sí, está en juego la democracia, la libertad, a propósito de que han quedado en entredicho los principios constitucionales que salvaguardan, en primer lugar, el derecho a la vida. Aquí no hay garantías para la vida, no hay garantías para la libertad Y, a partir de allí, los otros derechos que también están siendo afectados: el derecho a la libertad de expresión, a la asociación, a la participación, al trabajo, a la salud… Ese desconocimiento de la Constitución, como el marco que ofrece las mayores garantías, te habla del estado de salud del que goza la democracia en Venezuela. Todo eso deja en evidencia la democracia en la que vivimos.
El periodismo es un espejo de la democracia.
Claro. Una auténtica democracia pasa por el hecho de que existan medios de comunicación libres, independientes, fortalecidos por su propia dinámica. El periodismo garantiza el papel que cumplen las distintas instituciones. Y el papel del periodismo es mostrar los hechos, informar, preguntar, interpelar. En Venezuela, el papel que juega el periodismo se quiere encarcelar. Esa verdad se quiere silenciar. A esa responsabilidad, como he dicho, se le ha impuesto un toque de queda. Por eso, haciendo una analogía de lo que ocurre en el país, podemos hablar de una emergencia comunicacional compleja, con todo lo que eso puede implicar. Es decir, el ejercicio de los demás derechos que están sujetos a la libre expresión y opinión.
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*Periodista. Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, SNTP.
En Venezuela existe un toque de queda no decretado contra periodistas y trabajadores de la prensa. La operación tun tun amenaza con encarcelar la verdad.
Nuestro secretario general @mruizsilvera en entrevista con Hugo Prieto .Léela en @prodavinci ⬇️https://t.co/7sTwD2qUso
— SNTP (@sntpvenezuela) September 15, 2024
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