Tras ocupar militarmente en septiembre de 2023 el penal de Tocorón, donde operaba el Tren de Aragua, el gobierno anunció que había «desmantelado totalmente» esta banda, al punto que el canciller Yván Gil tachó de «ficción mediática» su existencia ante los reportes de su actividad fuera de Venezuela.
Pero la narrativa cambió tras la cuestionada elección del 28 de julio, en la que el presidente Maduro fue proclamado reelecto para un tercer mandato consecutivo de seis años en medio de denuncias de fraude de parte de la oposición: el Tren de Aragua sigue existiendo y su líder, el fugitivo Héctor Rusthenford Guerrero, alias ‘El Niño’ Guerrero, es un agente de Estados Unidos.
«‘El Niño’ Guerrero dirigió personalmente parte de los desmanes y la violencia criminal del 29, 30 y 31 de julio», aseguró el mandatario, en referencia a las protestas contra su reelección, duramente reprimidas y que llevaron al arresto de 2.400 personas, muchas encerradas en Tocorón.
«Fue captado por la CIA», dijo Maduro el lunes. «Todo el operativo que se hizo mundial para declarar al ‘Niño’ Guerrero terrorista formaba parte de una fachada para taparlo, chantajearlo, obligarlo a sumarse al gobierno de Estados Unidos en la agresión contra Venezuela», aseveró.
«Intereses propios»
El Tren de Aragua nació en la cárcel de Tocorón, en el estado de Aragua (centro-norte) y comenzó a sonar con fuerza hace unos 10 años. Con unos 5.000 integrantes, se dedica a la extorsión, el sicariato, el narcotráfico, la prostitución, la trata de personas y hasta la minería ilegal, aunque también ha emprendido en algunos negocios legales.
Extendió sus tentáculos a otros países como Colombia, Perú y Chile, y también a Estados Unidos, donde las autoridades han ofrecido millonarias recompensas por información que lleve a la captura de sus cabecillas.
«Es posible que una organización criminal empiece a adoptar posturas políticas, pero suelen hacerlo por sus propios intereses», explica a la AFP Phil Gunson, analista senior del Crisis Group.
«Le conviene más, en circunstancias normales, alinearse con quienes tienen el poder y no con fuerzas de oposición», añade el especialista, que destaca el interés del gobierno chavista de «satanizar a la oposición y asociarla en la mente del público con elementos negativos».
Maduro responsabilizó por la violencia a la líder opositora María Corina Machado y a su rival en los comicios, Edmundo González Urrutia, y pidió cárcel para ambos.
González Urrutia salió al exilio en España y Machado pasó a la clandestinidad.
«Acciones terroristas»
El gobierno venezolano anunció esta semana el arresto de cuatro estadounidenses, uno de ellos un militar activo, dos españoles y un checo, a los que vinculó con un supuesto plan para asesinar a Maduro.
Este tipo de denuncias de parte del oficialismo son frecuentes, siempre con Estados Unidos como protagonista.
Maduro acusó el lunes a Washington de haber «articulado» con el Tren de Aragua atentados contra él y otros funcionarios y «acciones terroristas graves contra instalaciones políticas públicas como el palacio (presidencial) de Miraflores, la sede de la vicepresidencia, (la) sede del poder judicial, (la) Asamblea Nacional» e «instalaciones militares, policiales».
«Es nuevo esto de usar bandas criminales en beneficio político» en campañas o gobiernos, indicó Hugo Acero Velásquez, profesor universitario que fue subsecretario de Seguridad de Bogotá.
El experto descartó una situación en Venezuela similar al terror sembrado por pandillas en Haití, que han controlado amplios territorios: «No creo que el Tren de Aragua tenga intención de desestabilizar el gobierno de Maduro y menos apoyar a la oposición».
Estados Unidos -que desconoce la proclamación de Maduro- anunció apenas hace dos meses sanciones contra el Tren de Aragua y el estado de Texas la declaró esta semana como una organización terrorista, en medio de denuncias del candidato republicano y expresidente Donald Trump, que asegura que numerosos migrantes llegan desde países que «abrieron sus cárceles».
Es un tema, de hecho, protagonista de la campaña electoral estadounidense. AFP
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