Cuando el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro realizó cambios en su gabinete en agosto, tras ser declarado vencedor en las polémicas elecciones presidenciales del 28 de julio, ordenó algunos movimientos trascendentes, pero no hubo sorpresas ni rostros nuevos entre los puestos más importantes, a los que accede un círculo íntimo que ha tenido pocas variaciones desde que el mandatario asumió el poder hace más de una década.
“En lo esencial, las figuras más influyentes siguen siendo las mismas”, indicó a CNN el politólogo John Magdaleno, quien agregó que más bien se ha reducido la esfera de confianza del mandatario. Un ejemplo es la defenestración del exvicepresidente Tareck El Aissami, actualmente acusado de corrupción.
Se refiere Magdaleno en primera instancia a la vicepresidenta, ahora también nombrada ministra de Petróleo. Desde la era del fallecido Hugo Chávez ha estado en diversos cargos del gabinete y ha sido también canciller.
Jorge Rodríguez es actualmente presidente de la Asamblea Nacional, desde donde ha promovido en la crisis poselectoral varios proyectos del ala dura del chavismo, como la limitación del trabajo de las organizaciones no gubernamentales.
Un informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la ONU reportó la semana pasada que el Parlamento, bajo el mando de Rodríguez, “continuó siendo instrumental en la aprobación de nuevas leyes restrictivas del espacio cívico y democrático sin que medie un debate genuino y democrático”.
Ambos hermanos, además, recibieron el encargo de tramitar el exilio del líder opositor Edmundo González Urrutia, que ha sido reconocido como ganador de los pasados comicios por Estados Unidos y otros gobiernos de América Latina. El Parlamento Europeo lo reconoció además como presidente electo de Venezuela.
El regreso de Cabello al gabinete
En cuanto a Diosdado Cabello, nuevo ministro de Interior, el politólogo Magdaleno recordó que junto a Maduro estuvieron flanqueando al fallecido Hugo Chávez en su última alocución en Caracas en diciembre de 2012. “Ahora tiene responsabilidades más formales, pero ya era un hombre muy influyente, no solo como vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y miembro de lo que en algún momento se llamó el Alto Mando Cívico Militar”, resaltó.
Un informe del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) publicado a inicios de septiembre señaló que Cabello “desde hace años ha liderado la confrontación y persecución contra los y las defensoras de derechos humanos, ha obligado a disminuir el perfil público y tomar todo tipo de cuidados para la mayoría de las organizaciones”.
Cabello, que ha criticado numerosas veces a Provea, no se pronunció sobre el último reporte de la ONG.
El coordinador general de Provea, Oscar Murillo, dijo a CNN que la designación de Cabello fue el movimiento más importante de los últimos cambios en el gabinete, y que el ahora ministro había estado apartado, lanzando incluso algunas críticas desde su programa de televisión, donde se reforzó, dice, como el representante más verborrágico del ala dura del chavismo. “Es una demostración de fragilidad del liderazgo de Nicolás Maduro, quien queda deteriorado con el resultado electoral y tiene que recurrir a esta figura”, consideró.
“Es un cambio que responde más a una lógica de atrincheramiento en torno a una decisión de no ceder el poder, un repliegue táctico que se hace solo con las figuras que generan mayor confianza para el núcleo gobernante. No hay diversidad o amplitud, el momento les dice que hay que cerrar filas con caras conocidas que aseguren una lealtad absoluta”, analizó.
Otro de los alfiles del Gobierno de Maduro es el fiscal general Tarek William Saab, quien tiene una larga carrera en el oficialismo como diputado, constituyente, gobernador y defensor del pueblo hasta suceder en el Ministerio Público a Luisa Ortega Díaz en 2017.
Murillo apuntó que Saab “ha acompañado el proceso revolucionario de (Hugo) Chávez”, pero que su comportamiento en el cargo, de acuerdo con el mandato constitucional, “no ha sido en beneficio o protección de las víctimas de los atropellos”. Según agregó, existe “miedo y terror a denunciar, y eso habla mal de la Fiscalía”.
Saab ha defendido su gestión, tanto como defensor del pueblo, fiscal y al frente del Poder Ciudadano, una de las cinco ramas del Poder Público Nacional. Según sostuvo en entrevista con CNN, cree “en el principio de cooperación entre poderes públicos”. Además, aseguró que Venezuela “es un país garante”, y que él mismo, como titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Constituyente de 1999, escribió el título sobre garantías constitucionales.
Responsables de la represión
Magdaleno, en términos generales, explicó que “en coyunturas críticas, que desafían a regímenes autoritarios, los actores que ocupan puestos relevantes en el aparato del Estado suelen adquirir más poder y relevancia”.
En el caso de Vladimir Padrino López, el politólogo destacó que es el ministro de Defensa que más ha durado en el cargo en las últimas décadas.
Por su parte, Murillo dijo que Padrino López “es un componente esencial de la cúpula gobernante” y que “sin su apoyo, el proyecto tambalearía mucho más”. Dijo también que la extensa gestión del ministro “ha generado un tapón en los ascensos militares, reforzando ese liderazgo”.
El coordinador de Provea comentó que la oposición tenía la expectativa de que tras las elecciones Padrino reconociera la victoria opositora, pero ese mensaje nunca llegó. “Lo que termina posicionándose en el torno militar es el miedo al siguiente paso a un cambio político”, señaló Murillo, en referencia a las investigaciones internacionales que están en marcha sobre las violaciones a derechos humanos en el país y que involucran a varios oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
Según señaló, en los últimos dos meses, frente a las protestas opositoras por la crisis poselectoral, ha habido un cuidado para que algunos miembros de esa institución no aparezcan “en las primeras filas de los sectores represivos”.
Dos de los más leales colaboradores de Maduro –Elio Estrada, comandante de la Guardia Nacional Bolivariana desde 2023 (antes dirigió la Policía Nacional) y Alexander Granko, jefe de la Dirección de Asuntos Especiales de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (sancionado por EE.UU. en 2019)- están señalados por su papel en las presuntas violaciones a los derechos humanos investigadas por un panel de expertos para la ONU, que se ocupa del caso de Venezuela desde 2019.
A pesar de ese esfuerzo, Estrada fue sancionado este mes por Estados Unidos por su papel en la detención de los manifestantes opositores después de las elecciones presidenciales.
Un canciller “radical”
En el caso del canciller Yván Gil, Murillo indicó que su ratificación en el cargo fue una sorpresa.
Tras los cambios anunciados por Maduro, el jefe de la diplomacia bolivariana, que había estado en el gabinete como ministro de Agricultura en 2013, se mantiene en el círculo del presidente.
Cuando fue nombrado en enero de 2023, se esperaba una figura más dialogante. “Era la apuesta que nos vendieron. Tiene dificultades para la moderación y no termina por beneficiar a la imagen del Gobierno. Se ha ido erosionando la cooperación con los organismos de derechos humanos”, apuntó.
Murillo añadió que Gil ha sido una de las figuras más radicales en el contexto poselectoral.
“Quizás (su permanencia) obedece al principio de mantenerse en el poder a toda costa”, comentó.
En abril, Gil negó la existencia de la banda criminal Tren de Aragua y dijo que era “una ficción”, lo que desató el repudio del Gobierno de Chile. Tras las elecciones, defendió a capa y espada los pronunciamientos del oficialismo, acusando de golpistas a quienes cuestionaron el proceso.
La Justicia y el CNE
Cuando Nicolás Maduro acudió al Tribunal Supremo de Justicia para presentar un recurso contencioso y pedir que certifique los resultados de las elecciones, lo hizo sabiendo de los cuestionamientos que pesan sobre los integrantes del tribunal. La ONG venezolana Acceso a la Justicia señala que miembros de la directiva del TSJ tienen “probados nexos” con el gobernante partido socialista de Venezuela (PSUV).
Por su parte, la Misión Independiente de Verificación de Hechos de Naciones Unidas en Venezuela ha alertado sobre la “falta de independencia e imparcialidad” del Tribunal Supremo y del Consejo Nacional Electoral.
El Gobierno de Maduro siempre ha insistido en la independencia de las instituciones del país.
Caryslia Rodríguez es la presidenta del TSJ desde enero y también es titular de la Sala Electoral desde 2022. Antes de su designación, la abogada ya era una figura pública directamente relacionada al PSUV. Como militante, optó por cargos de elección popular.
Rodríguez fue una figura clave en la sentencia 122, que dejó sin efecto el proceso que condujo la Comisión Nacional de Primaria (CNP) opositora el 22 de octubre de 2023. La decisión intentaba anular las elecciones primarias en las que resultó electa como candidata opositora la dirigente María Corina Machado, que luego fue inhabilitada por el mismo tribunal para ejercer cargos públicos.
El Consejo Nacional Electoral, que proclamó la victoria del presidente sin ofrecer datos que respalden el resultado, también está liderado por un funcionario cercano a Maduro. Elvis Amoroso, considerado una de las figuras más leales del chavismo, fue nombrado en agosto de 2023, luego forjarse una trayectoria en el oficialismo como diputado y como vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente.
Durante su gestión como contralor, dictó la inhabilitación a líderes opositores como Juan Guaidó en 2019 y María Corina Machado en 2023, con un veto por 15 años.
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