Es urgente. Un alto cargo de Nicolás Maduro llama por teléfono a la fiscal general de Venezuela:
—El presidente quiere reunirse contigo.
Luisa Ortega Díaz —en el cargo desde 2007 con Hugo Chávez y hasta 2017 con Maduro— acepta, pero exige dos condiciones: que no haya medios de comunicación y que estén los dos a solas. El presidente accede. Es 31 de marzo de 2017. Faltan cinco meses para que Ortega abandone el país en una lancha por amenazas de muerte.
Aquella mañana primaveral, al día siguiente de que ella denunciara públicamente que en Venezuela se estaba produciendo “una ruptura del orden constitucional”, la fiscal Ortega acude en un coche oficial al Palacio de Miraflores. Un lugar, cuenta hoy a EL PAÍS, con muchas salas, recepciones y un gran jardín a modo de bienvenida. Conocía la estancia. Había estado otras veces con Chávez, a quien define como un hombre serio, de planteamientos claros. En su despacho nunca había confusiones. Esta vez es distinto. Al cruzar la puerta, Ortega y sus escoltas se topan con la seguridad del edificio. Les explican que solo ella —a quien requisan el móvil— puede acceder al interior del palacete. La magistrada se dirige entonces a la sala dónde está el presidente, abre la puerta y se encuentra a Maduro con un grupo de asesores sentados junto a unas cámaras de televisión a modo de Sorpresa, sorpresa. “¡Mi cara era un poema, me sorprendieron!”, rememora. Fue la última vez que vio al presidente venezolano cara a cara.
Ortega dice que Maduro jamás se reúne con nadie a solas. No porque quiera tener testigos sino, más bien, porque necesita tener continuamente a personas que le ayuden. Cuenta que hace un chiste de todo. “Muy malos, por cierto”. Que no se toma nada en serio. “Su irresponsabilidad salta a la vista muy rápido. Se comporta como un payaso. Baila, salta”. Que una vez estaba conversando con él y, de repente, llamó a gritos a uno de sus asistentes. Al llegar y sin medias tintas, le espetó: “No, yo no te he llamado”. Así, varias veces. “¡Son cosas de gente payasa e irresponsable!”. En Venezuela, dice, existe una palabra para definirlo: bochinche. “Es un desorden”.
Ortega fue amenazada por el chavismo días después de esa reunión, por sus críticas a la deriva anticonstitucional del presidente. El Tribunal Supremo acababa de despojar al Parlamento de sus funciones legislativas para dárselas al Ejecutivo, y ella lo denunció. La sede del Ministerio Público fue asediada horas después.
La fiscal general huyó del país en agosto de 2017. Primero se fue a Colombia y después a España. Ahora reside en Madrid. Trabaja en un bufete de abogados, un empleo que compagina con el de profesora de universidad. “No voy a decir cuál porque hay actores que se han dedicado a perseguir a quien me ha dado trabajo. Tengo que mantenerme con discreción”, explica.
—También trabajó con Chávez. ¿Cómo le define?
—Un hombre que se equivocó designando.
Ortega no es un caso aislado. En cifras globales, y según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), más de 7,7 millones de venezolanos —es decir, aproximadamente la cuarta parte de la población, que ahora es de 28 millones— han huido del país en la última década buscando protección y una vida mejor; la mayoría —más de 6,5 millones— han sido acogidos por países de América Latina y el Caribe. Pero Madrid se ha convertido en la capital del exilio venezolano en Europa, y en particular en casa de acogida de activistas y opositores al régimen.
El último en llegar ha sido el opositor Edmundo González, que ha declinado participar en este reportaje. González, que se enfrentó a Maduro en las elecciones del 28 de julio y reivindica su victoria, negada por el régimen, se ha sumado al más de medio millón de compatriotas que viven en España. Los nacidos en Venezuela se han triplicado desde 2016, según el INE. Un ritmo constante de casi 80.000 personas al año —con el único paréntesis de la pandemia– hasta convertirse en la cuarta comunidad extranjera, solo por detrás de marroquíes, colombianos y rumanos.
Los ex altos cargos exiliados que viven en España desarrollan desde hace una década una intensa campaña política. Comen con cierta regularidad con diputados, senadores, asesores. Hablan con expresidentes del Gobierno como Felipe González o José María Aznar. Salen a la calle. Protestan. Últimamente, Venezuela marca hasta la agenda política en el Congreso de los Diputados.
“Eligen Madrid porque es el referente”, cuenta Miguel Henrique Otero, presidente editor del diario venezolano El Nacional, que dirige y representa desde la capital española. Henrique huyó de Caracas tras ser incluido en una lista negra de 22 destacados periodistas acusados de difamación por el todopoderoso líder chavista Diosdado Cabello, ministro del Interior. “Apenas hay venezolanos en la política americana y eso que el flujo migratorio allí es muy grande. En Madrid te haces parte de la sociedad civil muy rápido”, resalta. Él cree que los primeros políticos exiliados que optaron por la Puerta del Sol fueron Los López.
“No tuve ninguna razón especial”, cuenta Leopoldo López padre, a punto de cumplir 80 años. “Mi hija tenía una vivienda aquí y eso me lo facilitó”. López huyó de Caracas en 2015. Es un empresario y expolítico venezolano, y padre del opositor Leopoldo López, también exiliado en Madrid, que ha declinado colaborar en este reportaje. “Con España hay muchas cosas en común: la cultura, el idioma, los valores”.
Leopoldo López padre se implicó desde el principio en la política nacional y terminó en el PP. Fue eurodiputado de 2019 a 2024. Y de 2015 a 2019 dice que vivió de los negocios familiares y de la empresa de restauración que comparte con su hija menor en San Francisco (Estados Unidos). “Cuando tomé la decisión de irme de Caracas había muy pocos compatriotas en Madrid. La acogida del Gobierno español fue muy buena. Nos dio rápido la nacionalidad y los visados. Luego vino mi nuera con los niños y, finalmente, Leo [su hijo], que logró escapar”.
—¿No ha querido repetir como eurodiputado este año?
—Me toca disfrutar de Madrid antes de que me vaya al otro barrio.
De la capital también disfruta Antonio Ledezma, que se escapó de Caracas la madrugada del 18 de noviembre de 2017 en una fuga de película. El que fuera alcalde de la capital venezolana optó por Madrid porque aquí estaba su esposa. “Uno siempre viene con la ilusión de que serán pocos días y ya va para siete años”, señala. Ahora vive de escribir libros —cuatro en siete años— y de dar conferencias. También dirige un observatorio de política de América Latina. La tarde en la que aterrizó en Barajas recibió una llamada telefónica de Mariano Rajoy:
―Ven a La Moncloa.
Le ofreció todas las posibilidades de acogida. “Esto es un espejo [para los políticos exiliados]. Aquí logramos que diferentes ideologías coincidan. Presidentes españoles de izquierdas y de derechas conceden el asilo, con algunas excepciones. Eso facilita y estimula a que uno venga”.
Tras Alemania, España es el segundo país de Europa que más solicitudes de asilo recibe, según el último informe de la Agencia Europea de Asilo. Venezuela, Colombia y Perú son las nacionalidades que presentaron más inscripciones por razones culturales e idiomáticas. Son el 90%, 86% y 65% del total europeo.
Después de Ledezma llegaron a Madrid Sergio Contreras y Luis Eduardo Manresa, de 43 y 63 años. Los dos trabajaban en la alcaldía de Caracas. A Manresa un concejal le llamó una mañana y le dijo que corría peligro. Salió del país en tres horas y media. “Madrid es una ciudad como Caracas, grande, activa, y llena de venezolanos”. Vive del trabajo temporal, con épocas en el paro. “Aquí está todo, y los medios de comunicación”, dice. Contreras habló personalmente con Rajoy porque quería un país “estable en términos democráticos”, pese a que su madre y sus hermanas se decantaron por Chile.
Al llegar, creó la ONG Refugiados Sin Fronteras, que entrega los sábados más de diez toneladas de comida a ciudadanos de hasta 16 nacionalidades. Contreras dice que vive de vender su patrimonio en Venezuela y de trabajos temporales, como cocinero o actor de doblaje para documentales. “Existe la creencia de que un refugiado político recibe dinero institucional, pero en Madrid hay diputados de Venezuela que han trabajado en Uber o cuidando a personas mayores”, asegura.
O de vender seguros, como Ramón López, de 66 años, que fue vicepresidente del colegio de ingenieros de Venezuela y diputado en la Asamblea. López llegó a la capital en 2018 tras sufrir un hostigamiento de los chavistas. “Te van cercando hasta que tu vida está en peligro”, resume. Su hermano huyó a Miami. Él aterrizó en Barajas por el idioma y la cultura.
En Madrid residen casi 130.000 venezolanos, un 14% más que hace diez años. Le sigue Barcelona, con 30.000, y Valencia, con 15.000. Sin embargo, la capital no es solo un refugio para los líderes de la oposición, sino también para algunos chavistas, que llegaron mayoritariamente en la década del 2000. “Antes mandaban a los hijos a Estados Unidos, pero ahora les sancionan”, cuenta Henrique Otero. “Por eso escogen España”.
El distrito madrileño de Salamanca —el de mayor renta de la capital y donde viven más de 2.000 venezolanos de alto poder adquisitivo— ya es conocido como Little Caracas (Pequeño Caracas), según Alberto Pérez Levy, presidente de la Asociación Civil Venezolanos en España. Aquí adquieren viviendas rehabilitadas a una media de 12.000 euros el metro cuadrado y costean las mejores escuelas de negocios para sus hijos.
En Madrid reside incluso Pedro Carmona, de 82 años, exlíder de la patronal venezolana y presidente de Venezuela por unas horas tras participar en el golpe de Estado fallido de 2002. Carmona llegó a la capital en 2018, aunque no pidió asilo porque logró la ciudadanía. “Se elige España por el respeto que se tiene aquí al asilo”, cuenta. “Es una puerta hacia Europa”. Dice que vive de la actividad académica con algunas universidades de Colombia.
—¿Cómo ve ahora al régimen?
—Solo los países afines reconocen a Maduro como triunfador.
No todos los exiliados políticos están en Madrid. Dinorah Figuera, la médica que reemplazó a Juan Guaidó en la presidencia de la Asamblea Nacional opositora —que existe de manera paralela a la oficialista—, se decantó por Valencia porque allí vivía una amiga. “España es la madre patria. Aquí se garantiza la condición de refugiado”, afirma. Hasta hace un año se dedicaba al cuidado de una señora. Ahora vive del salario de presidenta.
Todos los políticos consultados reconocen que la situación venezolana es muy complicada. Luisa Ortega, la fiscal general que trabajó con Chávez y Maduro hasta que decidió exiliarse, cree que la oposición ha entendido que la ruta para el cambio debe ser democrática. “Ojalá entiendan que es un proceso lento. Las rutas democráticas son así. Mientras el otro [Maduro] viole la Constitución, nosotros tenemos que ser más rigurosos en la exigencia del comportamiento y del actuar contra el otro”. Dice que ya quedaron atrás los golpes de Estado. Y suelta una frase:
—Maduro no va a abandonar el paraíso para irse al infierno.
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