La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela (FFM, por sus siglas en inglés) afirmó que las violaciones a los derechos humanos se agravaron en el país tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, cuando el Estado “reactivó e intensificó” su “maquinaria de represión” para “desarticular y desmovilizar” a la oposición.
Por Voz de América
Un adelanto de este informe publicado en septiembre, provocó la reacción del gobierno de Venezuela, que lo tildó de «panfleto» falso y «adefesio».
La ampliación del informe de la misión, divulgado el martes, analizó los delitos cometidos en el país entre el 1 de septiembre de 2023 y el 21 de agosto del 2024, y afirmó que tiene motivos razonables para creer que algunas de las violaciones a los DDHH cometidas en Venezuela durante el último año constituyen crímenes de lesa humanidad.
La FFM señaló a las fuerzas de seguridad, pero especialmente a miembros de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), así como la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), de estar involucrados “masivamente” entre otros en detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, actos de tortura y violencia sexual.
“En los 10 meses anteriores a las elecciones, la misión documentó e investigó numerosos actos de represión selectiva (…) tras el anuncio de los resultados electorales, las autoridades pusieron en marcha una campaña de detenciones masivas e indiscriminadas sin precedente”, precisa el extenso documento de 158 páginas.
Al menos 28 personas murieron y más de 2.400 han sido detenidos, entre ellas menores de edad y discapacitados, luego de que la autoridad electoral venezolana proclamó a Nicolás Maduro como ganador de los comicios para un tercer mandato, en medio de denuncias de fraude de la oposición que se atribuye la victoria.
A casi tres meses de las elecciones, el Consejo Nacional Electoral (CNE) no ha divulgado resultados desglosados, a pesar de los reclamos de parte de la comunidad internacional que todavía no ha reconocido a Maduro como presidente electo. El gobierno por su parte asegura que su triunfo es indiscutible y tilda a los opositores de terroristas, responsabilizándolos de la violencia ocurrida tras los comicios.
La FFM expresó “especial preocupación” ante la detención de al menos 159 niños y niñas durante y después de las protestas.
Además, alertó que, junto con las fuerzas de seguridad, los poderes e instituciones del Estado, incluyendo el CNE, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Ministerio Público (MP), reflejaron su “alineamiento” con el Ejecutivo “en perjuicio del ejercicio independiente e imparcial de sus mandatos constitucionales, contribuyendo a la comisión de violaciones graves y delitos”.
La FFM también precisa que el perfil de las víctimas de la represión “se amplió de manera significativa”, incluyendo no solo a líderes políticos y actores de la sociedad civil, sino que, después de las elecciones, incluyó a ciudadanos comunes que demostraron su desacuerdo con los resultados.
En el informe la FFM pormenoriza las denuncias de conspiraciones y planes desestabilizadores “reales o ficticios” que denuncia el gobierno “para justificar la represión”.
Además, presenta detalladamente quiénes son los señalados y denuncia tener motivos razonables para creer que varios de ellos fueron víctimas de desaparición forzada de corta duración, han sido sometidos a torturas y obligados a redactar cartas o grabar videos para implicar a otras personas.
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