Identificado por la fiscalía federal de Estados Unidos como uno de los principales arquitectos de una conspiración para lavar cientos de millones de dólares obtenidos a través de la corrupción, el magnate venezolano Raúl Gorrín había logrado evadir ser acusado por ese caso.
Por El Nuevo Herald
Eso cambió esta semana, luego que un gran jurado federal de la Florida presentara cargos formales contra el socio del gobernante Nicolás Maduro. El empresario, dueño del canal de noticias Globovisión, es acusado de participar en la conspiración para lavar $1,200 millones extraídos de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), para luego usar parte de esos fondos en la adquisición de propiedades de lujo en el Sur de la Florida.
Según la acusación presentada el miércoles, Gorrín, de 56 años, conspiró con otras personas para sobornar a altos funcionarios de PDVSA a cambio de obtener acceso a un esquema de corrupción.
En el esquema, los acusados otorgaban a la estatal petrolera préstamos en bolívares que en poco tiempo eran pagados en dólares haciendo uso de una tasa cambiaria que fijaba el valor de la moneda estadounidense en una pequeña fracción de su precio real en el mercado libre.
Bajo ese esquema, los montos otorgados en préstamos a PDVSA generaban rendimientos superiores al 1,000% en cuestión de pocas semanas.
Con las ganancias ilícitas, los acusados compraron en el sur de la Florida bienes raíces, yates y otros artículos de lujo utilizando empresas fantasma y cuentas bancarias en el extranjero, dijo la fiscalía federal en un comunicado.
“Pagaron millones de dólares en sobornos a funcionarios extranjeros de alto rango para asegurar más de mil millones de dólares en ganancias ilícitas”, dijo la fiscal Nicole Argentieri “La presunta conducta de Gorrín enriqueció a funcionarios gubernamentales corruptos y explotó el sistema financiero estadounidense para facilitar estos delitos”.
Gorrín está acusado de conspiración para cometer lavado de dinero, que conlleva a una pena máxima de 20 años de prisión si es hallado culpable.
Gorrín, quien vivió un tiempo en el Sur de la Florida y trató de reunirse con funcionarios de la Casa Blanca para buscar una salida a la crisis venezolana, ya había sido acusado de participar en otro caso de corrupción, pero no había sido incluido entre los acusados formales de este segundo caso.
Su más nueva acusación surge de un caso presentado en Miami en el 2018, en la que las autoridades había detectado que Gorrín fue la persona que contactó inicialmente al arrestado banquero alemán Matthias Krull — quien negoció un acuerdo de cooperación con la fiscalía — para pedirle que le ayudara a lavar los fondos malversados de PDVSA.
Gorrín también fue quien le presentó al banquero alemán al venezolano Mario Enrique Bonilla, el presunto testaferro de los hijastros de Maduro – Yosser Gavidia Flores, Walter Gavidia Flores y Yoswal Gavidia Flores – quienes recibieron una porción significativa de los fondos obtenidos en el esquema.
El abogado de Gorrin en Estados Unidos, Howard Srebnick, no pudo ser contactado de inmediato para hacer comentarios.
Gorrin, quien se convirtió en el dueño del canal de noticias Globovisión en marzo de 2013 a través de una polémica compra, es considerado por muchos como uno de los hombres de negocios más ricos e influyentes de Venezuela, gracias a sus estrechas relaciones con miembros clave del régimen, incluyendo a la familia presidencial.
Ascendiendo de orígenes humildes, Gorrín también consolidó el control de Aseguradora La Vitalicia, que adquirió en 2008 con los socios Juan Domingo Cordero y Gustavo Perdomo.
Gorrin y Perdomo también habían adquirido considerables propiedades de bienes raíces en Estados Unidos, incluyendo exuberantes propiedades en el sur de la Florida pese a haber sido declarados como personas non grata por la ciudad de Miami.
La venta de Globovisión fue un gran golpe para la población democrática de Venezuela, ya que cerró el último canal de televisión que desafiaba la censura gubernamental.
La programación de la estación cambió drásticamente a las pocas semanas de la venta y los periodistas prominentes que trabajaban allí renunciaron cuando los nuevos propietarios trataron de imponer la autocensura.
La presencia de Gorrín en el Sur de la Florida había irritado a miembros de la comunidad venezolana así como autoridades del estado.
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