Voluntad Popular (VP) pidió este viernes a las autoridades de Venezuela permitir que el activista Aldo Roso, detenido desde el pasado 10 de julio, reciba «atención médica urgente» pues -alerta- «su condición de hipertensión se ha agravado peligrosamente».
EFE
«Exhortamos a las autoridades competentes a brindar atención médica a (Roso, de 69 años de edad), quien se encuentra injustamente detenido» y presenta «un fuerte dolor causado por el agravamiento de una hernia inguinal», señaló la formación a través de X.
En el mismo mensaje, la organización aseguró que la vida del activista -acusado de formar parte de una conspiración para sabotear el sistema eléctrico- «está en claro peligro y todavía se puede evitar una tragedia».
«Permitan que sea atendido por médicos inmediatamente y libérenlo para estabilizar su salud ya», subrayó VP.
Desde Voluntad Popular exhortamos a las autoridades competentes a brindar atención médica a nuestro responsable municipal de El Valle (Caracas), Aldo Rosso, quien se encuentra injustamente detenido y requiere atención médica urgente.
La hija de Aldo ha explicado que su… https://t.co/P9O7iGkVt7
— Voluntad Popular (@VoluntadPopular) November 1, 2024
Al respecto, la organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón alertó, citando declaraciones de una hija de Roso, que la salud del opositor ha «empeorado considerablemente», entre otras razones, porque se «ha recrudecido» el dolor causado por la hernia que tenía desde antes de ser capturado.
Asimismo, la mayor coalición opositora -Plataforma Unitaria Democrática (PUD)- se sumó a la petición de VP, al considerar que la salud del detenido está «cada vez más delicada».
Según la Fiscalía, Roso y Ricardo Albacete Vidal -también detenido en julio- están detrás de una empresa que funcionaba como centro de acopio de material «hurtado al sistema eléctrico nacional» y recibieron financiamiento desde el exterior para sostener una «campaña de la extrema derecha neonazi y movimientos de desestabilización del país».
El antichavismo estima que hay cerca de 160 políticos opositores -algunos con cargos de elección popular- detenidos, tras ser capturados y acusados de conspiraciones en las semanas anteriores y posteriores a las elecciones del 28 de julio, en las que el presidente Nicolás Maduro fue proclamado ganador, un resultado cuestionado dentro y fuera del país.
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