La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH) tratará este martes la controvertida Reforma al Poder Judicial de México que se inició durante la gestión de Andres Manuel López Obrador (AMLO) y se coronó a los pocas semanas de la asunción de Claudia Sheinbaum.
La reforma es una intrusión política al sistema judicial de México, que no tiene antecedentes en democracias modernas de América Latina y Europa: se trata de aplicar una normativa inédita que descarta la carrera judicial y el cursus honorum para establecer un procedimiento electoral destinado a ocupar posiciones claves en la justicia
La alianza oficialista “Sigamos hacienda historia” -que incluye a Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México– venció con muchísima holgura durante las elecciones presidenciales, y este panorama político no cambiará cuando se sucedan los comicios del 1 de junio de 2025, que fueron convocados por Sheinbaum para elegir a más de 1.600 cargos del Poder Judicial de México.
“Estoy muy contenta, el día de ayer triunfó el pueblo de México y ganó la fuerza de la razón, la cordura frente a la irracionalidad. La elección de jueces, ministras, ministros, magistrados, magistradas va el 1 de junio de 2025, la transformación del país es profunda, para bien de todas y todos los mexicanos. Fue un buen día”, opinó Sheinbaum cuando se conoció que la Suprema Corte de Justicia había desechado las impugnaciones contra la reforma oficialista.
La sesión en la CIDH está prevista para las 14 (hora del este) y se aguarda la presencia de Javier Laynez Potizek -miembro de la Corte Suprema-, y la participación de las juezas Juana Fuentes Velazquez y Claudia Hurtado; la secretaria técnica del colectivo La Justicia que Queremos, Marisol Méndez; y los abogados Manuel Saturnino y Gloria Corroy, que pertenecen al Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal.
El gobierno mexicano también tendrá representantes en la audiencia de la CIDH. Estarán José Antonio Montero Solana, consejero jurídico de Sheinbaum, y Luz Baños, embajadora de México ante la OEA.
La presentación del caso ante la CIDH se extenderá por 90 minutos y correrá sobre dos ejes esenciales: la pérdida de pesos y contrapesos ante la designación de magistrados que se formaliza desde una plataforma política, y los riesgos que implica esta metodología partidaria para la independencia judicial.
“El régimen que encabeza Morena, ha demostrado su intención para cooptar el Poder Judicial, que era el único que le hacía contrapeso”, sostuvo Fuentes Velázquez, directora nacional de la Asociación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial, en declaraciones periodísticas.
Durante la audiencia de la CIDH, Marisol Méndez propondría que se envíe desde la OEA a México una misión de observación de los comicios previstos para junio de 2025. Ese día se elegirían -al menos 881 jueces– y la secretaría técnica de La Justicia que Queremos pretende evitar que a la manipulación política se sume eventuales casos de fraude electoral.
La CIDH no sólo escuchará a los miembros del Poder Judicial que rechazan la reforma y a los representantes del Gobierno, además tiene un informe firmado por más de mil jueces y magistrados federales que exige la suspensión temporal de la iniciativa oficialista hasta determinar si viola o no los tratados internacionales sobre derechos humanos.
“Con la reforma judicial se apunta a un golpe de Estado”, sostuvo el magistrado Rogelio Alanís Garcia, que hizo la presentación ante la CIDH.
Y remató: “Esta petición que hacemos a la Comisión se sustenta en los estándares internacionales, entre ellos, que el cese masivo de personas juzgadoras es un acto ilícito internacional por ser un claro atentado contra múltiples derechos humanos y muy especialmente contra el acceso a la justicia, la protección judicial y las garantías judiciales”.
La Corte Suprema de Justicia de México tiene formalmente 11 miembros. Tras la sanción definitiva de la reforma judicial empujada por AMLO y avalada por Sheinbaum, sólo quedarán cuatro. Los otros siete renunciaron a sus cargos en protesta institucional.
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