El presidente electo Donald Trump ha prometido mano dura contra la inmigración como nunca antes.
Aunque su retórica de línea dura sobre la inmigración ilegal se remonta a su primera campaña, uno de los objetivos del presidente electo esta vez es un programa que lleva décadas proporcionando un estatus legal temporal a cerca de un millón de inmigrantes procedentes de países peligrosos y con graves problemas, como Haití y Venezuela.
Conocido como Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), el programa fue promulgado por el presidente George Bush para ayudar a las personas que ya se encuentran en Estados Unidos y que no pueden regresar de forma segura e inmediata a su país debido a una catástrofe natural o a un conflicto armado.
Pero para algunos inmigrantes, el programa, que les permite trabajar legalmente, se ha convertido en algo casi permanente, un reflejo de lo agitados que están muchos rincones del mundo y de lo poco que ha hecho el Congreso para adaptar el sistema de inmigración estadounidense a las realidades de la migración mundial en el siglo XXI.
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