En 1999 y sin mayores pretensiones fue creada Bancasa S.A., con sede en una casa en Los Naranjos de Guacara, en el centro occidental estado Carabobo. Hoy la residencia exhibe los efectos del paso del tiempo. Pero ninguna señal de vida. Aparentemente abandonada en medio de una urbanización de clase media, ahogada por la crisis venezolana, en su puerta unas mecedoras de madera corroída y un adorno de Navidad se asoman entre la maleza que invadió el espacio.
Manuel João Goncalves Pita, un portugués nacionalizado venezolano de 51 años de edad entonces, registró la empresa. Previsivo, inscribió a su sobrino de 12 años, David Pita Bracho como uno de sus dueños. Y el futuro se tomó su tiempo para cristalizar: Bancasa S.A. descansó en los archivos de aquel registro durante 15 años sin actividad alguna. Cero movimientos, cero balances financieros, cero cambios en su junta directiva o en su razón social, entonces dedicada al sector inmobiliario.
Pero desde esa animación suspendida Bancasa S.A. saltó sin escalas al escándalo. El nombre de la empresa y la firma de Goncalves Pita, como su representante, figuraron en un contrato de 2019 por el que Bancasa compró 104 lingotes de oro al Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden), una suerte de alcancía del Estado venezolano creada por Hugo Chávez en 2005 para recaudar los ingresos adicionales no presupuestados que en esa época generaba la exportación de petróleo. La transacción se pactó por más de 68 millones de dólares.
Del documento solo se conoció a posteriori y gracias a las investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil española y su filtración a la prensa de ese país, que lo publicó como una pieza clave para desentrañar la trama de negociados irregulares que conecta a un grupo de empresarios e intermediarios, con Víctor de Aldama al frente, al exministro de Fomento, exministro de Transporte, exdiputado por el oficialista Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y, sobre todo, mano derecha del presidente Pedro Sánchez durante la primera etapa de su gobierno (2018-21), José Luis Ábalos.
El escándalo, bautizado en la prensa como el caso Koldo (por Koldo García, un exchofer transmutado en asesor de Ábalos que se encargaba de negociar comisiones en diversas operaciones entre el Estado y proveedores privados), estalló como una bomba de tiempo de efecto retardado a comienzos de 2024. Ya algunas incidencias anteriores habían prefigurado el caso, como el llamado Delcygate, el episodio en el que la entonces vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez Gómez, a pesar de llevar consigo el peso de una prohibición de la Unión Europea para entrar en Territorio Schengen, en enero de 2020 hizo una escala madrugadora en el aeropuerto de Barajas en Madrid donde la recibió Ábalos; o la rápida asignación de fondos de rescate millonarios durante la pandemia a las aerolíneas Plus Ultra -de inversionistas venezolanos vinculados a Camilo Ibrahim, un empresario para esa fecha cercano a Delcy Rodríguez- y Air Europa -para cuyo holding corporativo, el Grupo Globalia, Aldama actuaba como lobbista.
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