La guerra personal entre un reconocido empresario con el mote de “El Camarón” y su exsocio, supuestamente identificado con el apellido Linares, destapó el nuevo escándalo de corrupción que sacude al sistema de justicia zuliano.
Según fuentes vinculadas con la investigación, las detenciones de Pedro Velasco, presidente del Circuito Judicial Penal; y José Gregorio Rondón, fiscal superior en la región; y al menos otros cuatro jueces, secretarios y escoltas, se debió al áspero resultado de un proceso legal previo, y de muy vieja data, que existía entre los empresarios por diferencias en la sociedad mercantil que alguna vez formaron.
Al parecer, las diferencias irreconciliables entre “El Camarón” y Linares surgieron luego de que ambos conformaran una empresa de exportación de camarones, y luego, “El Camarón”, repentina y sorpresivamente decidiera conformar en solitario un negocio de compra y venta de chatarras.
Presuntamente, la falta de consistencia en las cuentas financieras en la camaronera, y que “El Camarón” no notificara sobre su vinculación con el mundo de la chatarra ni explicara de dónde salieron los fondos para tal inversión, desató la duda de Linares, quien acudió a la justicia para disolver la sociedad.
Sin embargo, dicho proceso, por sus características, tenía que dirimirse en un Tribunal Mercantil y no Penal, y entonces fue cuando según fuentes ligadas al caso, “El Camarón” supuestamente usó “padrinos” en la Fiscalía y en los tribunales penales, para lograr que arrestaran a Linares por “por la vía legal”.
La defensa de Linares apeló la decisión sobre su arresto, pero al parecer “El Camarón” habría usado sus nexos con el Palacio de Justicia y esto dio paso a que la Sala 1 de Apelaciones, confirmara la decisión de un Tribunal de Ejecución que mantenía privado de libertad a Linares, oriundo del municipio San Francisco, cuando lo que procedía era su liberación.
Dicha Sala 1 estaba conformada por el Presidente del Circuito Judicial Penal, Pedro Velasco (detenido); las juezas Maurelys Vílchez y Maryorie Plaza (detenidas), y el juez Audio Roca. Los tres primeros votaron porque Linares siguiera tras las rejas, el último salvó su voto, por considerar que no procedía ni estaba a lugar la decisión de mantener al empresario preso, y sin imaginarlo, también se salvó de haber sido detenido.
Entre tanto, a Linares le pedían una fuerte suma dinero por su libertad.
Por ello buscó como defensora a Miriam Morandy, exmagistrada de la Sala de Casación Penal y supuesta comadre de Cilia Flores, quien interpuso una acción de amparo ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, desde donde se decretó este error como inexcusable de derecho.
Fuentes relacionadas con las investigaciones señalan a Francisco Urdaneta, fiscal 5to del Zulia (preso), como principal promotor de la medida contra Linares y supuesto líder de la operación criminal gracias a sus tentáculos en el Ministerio Público.
Esta trama de corrupción, digna de una película hollywoodense, fue desmantelada la mañana de este miércoles 20 de noviembre, cuando comisiones del Dgcim, Sebin y el Conas, tomaron simultáneamente la sede del Ministerio Público y el Palacio de Justicia, en Maracaibo, y sacaran esposados a sus más altos representantes.
Por ahora seguirían detenidos el expresidente del Circuito Judicial Pedro Velasco y el exfiscal superior José Gregorio Rondón, quienes fueron llevados a Caracas. Y las juezas superiores de la Sala 1 de la Corte de Apelaciones, Maurelys Vílchez y Maryorie Plaza; la fiscal auxiliar de Rondón, de nombre María Carolina, y el Fiscal 5to, Francisco Urdaneta, presos en la sede de la Redi Occidental, en Maracaibo.
Durante el procedimiento de captura también fueron allanadas las viviendas de Karen Mata Parra, jueza de Ejecución y esposa del exfiscal José Gregorio Rondón; y Ester Ramírez, secretaria de la Sala 1.
Mientras tanto, Héctor Escazes, juez Sexto de Control del Zulia, estaría siendo activamente buscado por las autoridades policiales y militares. Audio Roca, también juez de la Sala 1 de Apelaciones, no irá a prisión porque salvó su voto en la decisión de mantener privado de libertad a Linares.
En los pasillos del Palacio de Justicia y la sede del Ministerio Público se habla de que se esperan más aprehensiones en el Zulia y Caracas. Sabuesos relacionan a Calzadilla como ficha de grandes jerarcas de la Fiscalía General de la República dedicados a la extorsión desde sus cargos.
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