El gobierno de Venezuela, por medio de su cancillería, tildó como un «acto desesperado” nuevas sanciones de EEUU», al calificarlo como un último aliento a un grupo de fascistas disperso y desprestigiado”.
Esta nueva ronda de sanciones llega después de que la Administración de Joe Biden, que el próximo 20 de enero pasará el relevo al republicano Donald Trump, reconociera al opositor Edmundo González Urrutia como el «presidente electo» de Venezuela.
En un comunicado, el Ejecutivo venezolano expresó que las «medidas coercitivas unilaterales» anunciadas hoy contra un «grupo de patriotas» representan un «acto desesperado de un Gobierno decadente y errático, que busca ocultar su rotundo fracaso electoral y la grave crisis social en la que deja al país» norteamericano.
«Estas medidas no promueven la democracia en Venezuela, sino que buscan dar un último aliento a un grupo fascista disperso y desprestigiado que no tiene arraigo en la población venezolana, para prolongar así su fracasada política de cambio de régimen», reza parte del comunicado.
A continuación el comunicado íntegro:
La República Bolivariana de Venezuela rechaza, en los términos más enérgicos, la más reciente imposición ilegítima de medidas coercitivas unilaterales por parte del gobierno saliente de los Estados Unidos, contra el pueblo venezolano y en particular, contra un grupo de patriotas, quienes desde sus funciones, se han dedicado a salvaguardar la paz, la estabilidad, la recuperación económica y la unidad nacional ante la violencia fascista diseñada, financiada y promovida desde Washington, contra la voluntad democrática del pueblo venezolano.
Las medidas anunciadas el día de hoy son un acto desesperado de un gobierno decadente y errático, que busca ocultar su rotundo fracaso electoral y la grave crisis social en la que deja al país, con una nueva agresión contra el noble pueblo venezolano. Estas medidas no promueven la democracia en Venezuela, sino que buscan dar un último aliento a un grupo fascista disperso y desprestigiado que no tiene arraigo en la población venezolana, para prolongar así su fracasada política de cambio de régimen.
A cuatro meses de la gran victoria popular, el Gobierno Bolivariano reafirma su compromiso inquebrantable de seguir consolidando su modelo democrático, participativo y protagónico, y fortaleciendo su economía en medio de las impunes agresiones constantes.
La República Bolivariana de Venezuela, fiel a su tradición histórica de lucha y soberanía, reitera ante cualquier ataque, que el pueblo de Bolívar y Chávez jamás podrá ser doblegado y que su camino triunfante hacia la consolidación de la paz y la estabilidad política, económica y social es irreversible.
El Gobierno venezolano reiteró que, hace casi cuatro meses, obtuvo una «gran victoria popular» en las elecciones, cuyos resultados aún no han sido publicados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de manera desglosada, como marca su propio cronograma, lo que ha sido cuestionado por numerosos países, incluso aliados como Colombia y Brasil.
Entretanto, la oposición mayoritaria -Plataforma Unitaria Democrática (PUD)- denuncia fraude y reivindica la victoria de su candidato, Edmundo González Urrutia.
Dentro de la lista de sancionados por el Departamento del Tesoro está el ministro de Despacho de la Presidencia, Aníbal Coronado; el de Comunicación, Freddy Ñáñez, y el de Servicios Penitenciarios, Julio García Zerpa.
También hay altos mandos de la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), a los que acusa de «reprimir violentamente las manifestaciones pacíficas» tras las elecciones.
Entre ellos está Alexis Rodríguez Cabello, director del SEBIN y primo del ministro de Interior, Diosdado Cabello, y también el jefe de la DGCIM y de la Guardia de Honor Presidencial, Javier Marcana Tabata.
De la familia del ministro de Interior, también fue sancionada su hija, Daniella Cabello, presidenta de la Marca País y de la Agencia de Promoción de Exportaciones.
Bajo esta decisión quedan bloqueadas todas las propiedades personales de los sancionados en Estados Unidos y se prohíbe llevar a cabo transacciones financieras con estas personas.
Según la Administración Maduro, estos sancionados «se han dedicado a salvaguardar la paz, la estabilidad, la recuperación económica y la unidad nacional ante la violencia fascista diseñada, financiada y promovida desde Washington».
Hasta la fecha, el Tesoro estadounidense ha sancionado a 150 venezolanos y a un centenar de entidades del país caribeño por acometer «acciones antidemocráticas».
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