Los partidos del oficialismo de Uruguay volvieron a expresar su “profunda preocupación” por la situación de Venezuela, en un contexto en el que no hay respuestas por la desaparición del uruguayo Fabián Buglione y del incremento del “asedio a la embajada de la hermana República Argentina”, redactaron en una declaración.
Por Infobae
“No hay uruguayo que no esté pensando en Venezuela”, dijo la senadora del Partido Nacional Graciela Bianchi en una rueda de prensa. “Lo que está pasando es una situación muy grave y todos los países –o casi todos los países– están preocupados”, agregó.
La declaración no tuvo el respaldo de los legisladores del Frente Amplio, que quiso tratar el asunto en comisión y no dio los votos para que sea tratado de forma grave y urgente, explicó la legisladora.
Los legisladores de la coalición de gobierno expresan que el régimen de Nicolás Maduro “ha incrementado la represión contra su pueblo violando sistemáticamente los Derechos Humanos y cometiendo delitos de Lesa Humanidad”. Enumeran que en Venezuela hay desapariciones, torturas, encarcelamientos –inclusive de mujeres y niños–, que “se producen diariamente” y que son sufridas por miles de personas.
“Como consecuencia de estas acciones está desaparecido un ciudadano uruguayo de nombre Fabián Buglione, del que no tiene noticias su familia ni las autoridades nacionales, a pesar de los esfuerzos realizados”, continúa la declaración.
El uruguayo está desaparecido desde mediados de octubre y desde esa fecha no responde su teléfono y se desconoce su paradero. Al gobierno uruguayo le ha llegado al información de manera informal de que el hombre podría estar detenido, aunque formalmente es un desaparecido. En el Ministerio de Relaciones Exteriores se considera que es posible que el hombre esté en la prisión de El Helicoide, una cárcel atroz que el régimen de Nicolás Maduro utiliza para trasladar allí a los presos extranjeros
La Cancillería del país está en contacto con su familia y la asesora sobre los pasos a seguir.
El uruguayo llegó a Venezuela porque quería visitar a su novia, que vive en el estado venezolano de Barinas. El hombre ingresó al país por el paso fronterizo de San Cristóbal. Tiene dos hijos y la madre de ambos vive en Estados Unidos. Ella fue quien inició los trámites con la Cancillería uruguaya para conocer los datos de su ex pareja. También se le consultó por la novia venezolana del desaparecido.
Además de mencionar la desaparición del uruguayo, los legisladores oficialistas también lamentan el incremento del “asedio” a la Embajada Argentina. “Según declaraciones e imágenes de quienes están allí asilados, francotiradores del régimen de Maduro están apostados en los alrededores de la Embajada. Se han cortado los servicios de agua, luz, gas y se impide la entrada de alimentos”, señala el texto.
También se refieren al secuestro de Agustín Gallo, el gendarme argentino que fue retenido el 8 de diciembre en Táchira. Para el régimen de Maduro, Gallo está siendo procesado por supuestos “planes terroristas” que comprometen al presidente Javier Milei y a su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
“Exigimos como representantes de la ciudadanía uruguaya y en consonancia con la posición de nuestra Cancillería, el inmediato cese de las hostilidades contra la ciudadanía venezolana, la aparición con vida de nuestro compatriota así como del gendarme argentino”, continúa el texto del oficialismo de Uruguay.
Bianchi dijo a los medios que le “llama la atención” el “silencio” que persiste en algunos sectores de Uruguay, como el Frente Amplio, que no acompañó la declaración. “Se necesita una reacción de todos los países del mundo libre para tratar de que las cosas se solucionen y el 10 de enero pueda asumir el presidente electo”, señaló la senadora.
Los legisladores del oficialismo cierran la declaración expresando que, “de acuerdo a la voluntad del pueblo venezolano”, el próximo 10 de enero deberá asumir la presidencia Edmundo González Urrutia.
En abril, antes de las elecciones del 28 de julio, los senadores del oficialismo aprobaron una moción de condena a lo que consideran un “régimen dictatorial” de Nicolás Maduro en Venezuela. La postura de los legisladores estuvo entonces justificada en una condena a las proscripciones de los líderes de la oposición para el acto eleccionario. Los senadores del Frente Amplio tampoco respaldaron la iniciativa.
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