La audiencia de juicio público de la activista Rocío San Miguel, directora de la ONG Control Ciudadano, está pautada para este miércoles 18 de diciembre a las 10:00 am.
Inicialmente, la audiencia estaba prevista para el 11 de noviembre, pero fue suspendida presuntamente por falta de traslado, de acuerdo con declaraciones ofrecidas a El Nacional por el abogado Juan González Taguaruco la semana pasada.
El proceso en contra de la activista, detenida el 9 de febrero cuando se disponía a abordar un vuelo en el Aeropuerto Simón Bolívar junto con su hija, y acusada por la Fiscalía de tener un supuesto vínculo con una conspiración que incluía un plan de magnicidio contra el mandatario Nicolás Maduro, ha estado plagado de irregularidades y retardo procesal.
Las autoridades no han permitido la designación de defensores privados y hay una gran incertidumbre por el oscurantismo con el que se ha manejado el expediente, indicó González.
Condiciones de salud de la activista Rocío San Miguel
Rocío San Miguel se encuentra detenida en El Helicoide, una de las dos sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en Caracas, y la única persona autorizada para visitarla es su hija, quien desde hace meses ha denunciado que la activista ha presentado algunas afecciones de salud, pero las autoridades han permitido que se atendieran debidamente.
No fue sino hasta el 10 de diciembre que el gobierno de Nicolás Maduro divulgó fotos de San Miguel siendo presuntamente atendida por personal médico por una fractura en el hombro derecho que fue detectada con cuatro meses de retraso.
El abogado de San Miguel dijo a EFE que la activista sufrió la fractura al caerse como consecuencia de un mareo producido por una laberintitis, que no fue debidamente atendida y, desde entonces -aseguró-, se quejaba del dolor y era tratada con analgésicos.
«Si la fractura fue diagnosticada cuatro meses después, ¿qué garantías tenemos de una atención médica de calidad y que recibirá los tratamientos posoperatorios y la rehabilitación?», expresó.
Diversas ONG han pedido una medida humanitaria urgente para que Rocío San Miguel pueda practicarse la cirugía con sus médicos de confianza y con la debida atención.
Provea destacó que la defensora de los derechos humanos «no puede ser sometida a una intervención por quienes demoraron su diagnóstico (porque) en reclusión no hay condiciones para el postoperatorio ni una rehabilitación digna».
Mientras que Fundaredes aseguró que la situación de San Miguel evidencia una grave violación de su derecho a la salud, lo que -dijo- es un ejemplo alarmante de como el Estado venezolano vulnera sistemáticamente derechos fundamentales.
«No solo es una falta de respeto a su dignidad, sino que es un atentado directo contra una mujer que se ha dedicado a la defensa de los derechos de todos los venezolanos», agregó la organización.
La ONG Justicia, Encuentro y Perdón también alertó que la administración penitenciaria no puede garantizar su adecuada recuperación y rehabilitación. Además, es imposible que tras una intervención de esta magnitud, se cumpla debidamente con los cuidados requeridos en un contexto penitenciario.
«Exhortamos a que se se otorgue una medida cautelar por razones humanitarias para que Rocío San Miguel reciba la atención médica de personal de su confianza, quienes están en la mejor posición para proporcionarle los cuidados que necesita. La rehabilitación postoperatoria es un proceso delicado que no solo depende de la intervención quirúrgica, sino también de un entorno propicio y de la atención continua que solo puede ser garantizada fuera del sistema penitenciario», añadieron.
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