Por esos días, la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión la ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines que provocó la alerta inmediata de organizaciones civiles, que advirtieron en un comunicado que el objetivo “es cerrar de manera definitiva el espacio cívico en Venezuela”.
Opositores sin derechos
La represión contra opositores volvió a mostrar su fuerza en febrero. El viernes 9, en la noche, agentes del régimen detuvieron a la abogada y defensora de derechos humanos fronterizos, Rocío San Miguel, junto a su hija, cuando esperaban abordar un vuelo en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, de Maiquetía. Su abogado denunció “desaparición forzada” de las detenidas, debido a que transcurrieron seis días sin conocerse su paradero. También fueron detenidos familiares y allegados.
Con el caso de San Miguel se dio inicio a la práctica inconstitucional, según abogados, de negar el derecho al debido proceso y de nombrar sus propios abogados con lo que se vulneró el derecho a probar su inocencia.
Solo 10 meses después de su detención, San Miguel apareció en fotografías, visiblemente afectada, recibiendo atención médica por una fractura en el hombro que sufrió hace unos cuatro meses en su centro de detención.
El 20 de marzo, el fiscal Saab hizo pública la detención de Henry Alviárez, coordinador de la organización Vente Venezuela, de Machado, y de la exdiputada Dignora Hernández, en una calle de Caracas. La detención quedó registrada en video difundido, días antes, y su autor Emilio Brandt Ulloa, fue apresado en semanas.
Cinco días después, otros seis colaboradores de Machado y la alianza unitaria se refugiaron en la Embajada de Argentina en Caracas, ante la persecución del régimen de Maduro que los vinculó con la conspiración.
Pedro Urruchurtu, Magalli Meda, Humberto Villalobos, Claudia Macero, Omar González y Fernando Martínez Mottola, transcurridos nueve meses, permanecen a la espera del salvoconducto que Maduro les niega, mientras se crece la presión internacional para que les sea otorgado y el régimen respete el derecho al asilo político y el derecho internacional.
Sobresalto preelectoral
Mientras esto ocurría, el Consejo Nacional Electoral (CNE) al filo del término del cronograma electoral, inscribió el 26 de marzo a Edmundo González, diplomático de 74 años de edad, como candidato presidencial con la tarjeta de la Mesa de la Unidad, tras el acuerdo Machado-Plataforma Unitaria. González sustituyó a Corina Yoris, propuesta por Machado, a quien el CNE rechazó sin explicación.
En medio de la tensión política, EEUU restableció el 17 de abril, horas antes de la fecha límite, las sanciones contra el petróleo venezolana en repuesta al incumplimiento del compromiso de elecciones libres y competitivas, por parte de Maduro.
En esta ocasión, el Departamento del Tesoro emitió una licencia de reemplazo que otorgó a las empresas 45 días para «cerrar» sus negocios y transacciones sobre petróleo y gas con la estatal PDVSA. No obstante, mantuvo las medidas sobre Maduro y sus colaboradores, algunos acusados de narcotráfico.
El 19 de mayo, el candidato González, junto a la líder María Corina Machado, en su primer acto de masas en Valencia y con un discreto y corto discurso, se convirtió no solo en el rival de Maduro para la elección del 28 de julio, sino también en el objetivo a apartar.
Por esa fecha, los venezolanos cumplían más de 700 días de descontento con el salario mínimo de 3,000 bolívares, publicado en Gaceta Oficial.
Julio, entre “baño de sangre” y civismo
Mientras la campaña electoral se desarrolló con 46 detenciones arbitrarias por razones políticas, 82% “con desapariciones forzadas de corta duración», según informe de una ONG, el candidato a la tercera reelección, Nicolás Maduro, advirtió sobre la posibilidad de una “guerra civil” y un “baño de sangre” si llegaba a perder la elección.
La intimidante expresión tuvo condena internacional.
“El que se asustó que se tome una manzanilla”, dijo Maduro, al reiterar la amenaza días después. Una semana más tarde, negó su declaración, alegando que la habían “manipulado de lo lindo”.
El domingo 28, en una jornada trascendental en la historia política venezolana, los electores acudieron a escoger al presidente para el periodo 2025-2031, entre la continuación del chavismo encarnada por Maduro y su oficialista PSUV y la democracia representada por González y la alianza unitaria.
Entre 11 candidatos, el opositor resultó favorecido, tras casi 10 años de dudosas derrotas por el oficialismo, con votos nacionales y del exterior. Un triunfo que el CNE trató de sesgar con la eliminación de centros de votación dentro y fuera de Venezuela, escollos en el Registro Electoral y una disminuida presencia de misiones de observación electoral.
CNE, fraude electoral
El CNE, al filo de la medianoche, proclamó a Maduro presidente con 51,2% del total de votos que reflejaba el 80% de las actas escrutadas que la oposición rechazó y que la directiva electoral no mostró y sigue sin mostrar, pese al pedimento internacional.
El descontento ciudadano, liderado por Machado, con actas de escrutinio en mano que dieron a González el 83,5% de la votación, copó ciudades de Venezuela y del exterior y se manifestó en sucesivas protestas contra el fraude electoral, que desde el 29 de julio fueron blanco de la feroz represión.
“¡No vamos a dejar las calles!», dijo la líder en una protesta en Caracas contra la reelección del Maduro, que reunió miles de personas en ciudades de Venezuela y que se replicó en más de 300 ciudades del mundo.
Mientras, la Misión de Observación del Centro Carter que participó, como invitada por el régimen, en el proceso electoral señaló que los comicios organizados por el CNE estuvieron plagados de irregularidades, lo cual amplió en un informe demoledor, días más tarde.
Represión sin precedentes
En la segunda semana de agosto, se registraron 23 muertes, la mayoría hombres con menos de 30 años de edad y por disparos de armas de fuego, en el contexto de las protestas entre el 28 de julio y el 8 de agosto. Y también al menos 1,260 detenidos desde el 28 de julio, entre ellas 160 mujeres, según un informe de la Misión de Determinación de Hechos de Venezuela, que llegó al país a documentar los sucesos y pidió el cese de la represión.
Esto, aunque datos del fiscal general afín al régimen contabilizó 2,200 detenidos que calificó de “terroristas”, una tipificación del delito que estaría presente en todos los procesos penales contra hombres, mujeres y adolescentes procesados como presos políticos.
En medio de la represión contra opositores y cortes crecientes del servicio eléctrico, el Parlamento aprobó, por esa fecha, la ley contra asociaciones y ONG que controla hasta el más mínimo ámbito de la vida del país, según activistas de derechos humanos.
El 2 de septiembre, Tarek William Saab, basado en la difusión de las actas de la oposición, dictó “orden de arresto” contra el presidente electo, Edmundo González, y Machado, esta última quien asumió la responsabilidad del hecho y alegó que es «un derecho constitucional».
Tras días de intenso asedio del régimen, González, refugiado en la sede de la residencia del embajador de España en Venezuela, Ramón Santos, fue conminado por Jorge y Delcy Rodríguez, altos personeros de Maduro, a salir del país y viajó a Madrid, donde se encuentra.
La Misión de Observación de la ONU, en un segundo informe, concluyó que documentaron “detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones forzadas de corta duración y violencia sexual, que se llevan a cabo como parte de un plan coordinado para silenciar a las personas opositoras o percibidas como tales. Entre las víctimas hay niños, niñas y adolescentes, así como personas con discapacidad”, aseguró.
Mientras se intensifica la represión, Machado lidera la protesta y esperan que crezca el reconocimiento internacional de la voluntad que se expresó el pasado 28 de julio.
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