Los Estados Unidos junto a 13 países de América Latina (Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay), rechazaron investidura de Nicolás Maduro realizada el 10 de enero en el Salón Elíptico de la Asamblea Nacional, la cual la oposición venezolana acusó de «golpe de Estado».
Mediante un comunicado, expresaron preocupación «por el continuo deterioro de la situación política, económica, social y humanitaria en Venezuela, y las persistentes violaciones de los derechos humanos y los principios democráticos, así como por los recientes hechos ocurridos el 9 y 10 de enero de 2025».
«Teniendo presente los principios y propósitos consagrados en la Carta de la Organización de los Estados Americanos y la Carta Democrática Interamericana, que afirman el compromiso de los Estados miembros de defender la democracia, los derechos humanos, la resolución pacífica de los conflictos y el respeto al derecho internacional», sumaron
A continuación comunicado integro:
Los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos adheridos a la presente Declaración Conjunta:
Preocupados por el continuo deterioro de la situación política, económica, social y humanitaria en Venezuela, y las persistentes violaciones de los derechos humanos y los principios democráticos, así como por los recientes hechos ocurridos el 9 y 10 de enero de 2025.
Teniendo presente los principios y propósitos consagrados en la Carta de la Organización de los Estados Americanos y la Carta Democrática Interamericana, que afirman el compromiso de los Estados miembros de defender la democracia, los derechos humanos, la resolución pacífica de los conflictos y el respeto al derecho internacional.
Tomando en consideración los principios reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Reiterando que los elementos esenciales de la democracia representativa incluyen el respeto de los derechos humanos, las libertades fundamentales y la celebración de elecciones periódicas, libres y justas, basadas en el sufragio universal secreto como expresión de la soberanía del pueblo.
Subrayando también que la democracia es indispensable para el ejercicio efectivo de las libertades fundamentales y los derechos humanos, en su carácter universal, indivisible e interdependiente, consagrados en las respectivas constituciones de los Estados y en los instrumentos interamericanos e internacionales de derechos humanos.
Recordando que el Consejo Permanente de la OEA, mediante su Resolución CP/RES. 1261 (2508/24) sobre «LA SITUACIÓN EN VENEZUELA», adoptada el 16 de agosto de 2024, instó al Consejo Nacional Electoral de la República Bolivariana de Venezuela a publicar de manera expedita las actas con los resultados de la votación de las elecciones presidenciales a nivel de cada mesa electoral, y a respetar el principio fundamental de la soberanía popular a través de una verificación imparcial de los resultados que garantice la transparencia, credibilidad y legitimidad del proceso electoral.
Observando que, a pesar de las múltiples exhortaciones de la comunidad internacional, el régimen dictatorial venezolano no publicó las actas con los resultados de la votación de las elecciones presidenciales, a nivel de cada mesa electoral ni permitió una verificación imparcial de los resultados que garantice la transparencia, credibilidad y legitimidad del proceso electoral.
Tomando nota con preocupación por el contenido del reciente Informe OEA/Ser.L/V/II Doc. 253/24, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 27 de diciembre de 2024, titulado “Venezuela: graves violaciones a los derechos humanos en el contexto electoral”.
Por lo anterior,
DECLARAN:
RECHAZAR el acto de investidura presidencial de Nicolás Maduro del 10 de enero de 2025, por carecer de legitimidad democrática y pruebas verificables de integridad electoral.
INSTAR a la comunidad internacional a seguir apoyando los esfuerzos diplomáticos, políticos y humanitarios destinados a abordar la crisis multidimensional en Venezuela.
EXIGIR al régimen dictatorial venezolano que restablezca el orden democrático, permitiendo una transición pacífica que respete la voluntad del pueblo expresada en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, así como a liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente, nacionales y extranjeras, incluidos los presos políticos, garantizando el pleno respeto de sus derechos fundamentales.
EXIGIR ASIMISMO que el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluido el derecho a la vida, la libertad y la seguridad personal, el derecho a reunirse pacíficamente, el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos sin represalias, la protección contra arrestos o encarcelamientos arbitrarios y el derecho a un juicio justo, así como proteger a los beneficiarios de las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sean una prioridad absoluta y una obligación para Venezuela.
URGIR al régimen dictatorial venezolano el pleno respeto al derecho internacional, en particular de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y la Convención sobre Asilo Diplomático de Caracas de 1954, cesando cualquier hostigamiento y asedio contra las personas asiladas en instalaciones diplomáticas y consulares en territorio venezolano.
EXPRESAR su solidaridad con aquellas personas que se han visto obligadas a abandonar su país y reconocer los extraordinarios esfuerzos de los países de acogida para recibir a migrantes y refugiados venezolanos.
REAFIRMAR su solidaridad con el pueblo venezolano, así como su firme compromiso con el respeto de los derechos humanos de los venezolanos.
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