La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) realizó este martes una audiencia pública contra Venezuela por la alegada responsabilidad del Estado por la privación arbitraria de la libertad y torturas en contra de 14 personas funcionarias de la Policía Municipal.
EFE
La denuncia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso Alfredo José Chirinos Salamanca contra Venezuela, indica que el Estado violentó el derecho a la libertad y a la integridad personal de las víctimas, al mantenerlas privadas de libertad arbitraria e ilegalmente durante lapsos que van desde los 17 meses hasta los 2 años.
En ese periodo, las personas sufrieron tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, según la demanda contra el Estado.
Estos funcionarios fueron detenidos por la presunta comisión, como facilitadores, del delito de homicidio intencional calificado ejecutado con alevosía cometido contra el periodista Ricardo Concepción Durán Trujillo.
«En junio de 2016 se emitieron órdenes de detención a las víctimas por un presunto homicidio y horas después se dio la notificación para su liberación. A pesar de ello siguieron detenidas y cinco de ellas fueron torturadas para obtener sus confesiones», explicó ante los jueces de la CorteIDH el vicepresidente de la CIDH, José Luis Caballero.
Doce de las víctimas fueron liberadas en diciembre de 2017. Sin embargo, Fred Armando Mavares Zambrano y Reggie Jackson Andrade Alejos permanecieron privados de libertad, y sufrieron distintas violaciones a sus derechos humanos, como la falta de traslado a audiencias judiciales, no ejecución de boletas de excarcelación y traslado a otro centro penitenciario, donde permanecieron en condiciones inhumanas de aislamiento.
La CIDH manifestó que el caso es de especial relevancia porque «involucra un importante aspecto de orden público interamericano», luego de que Venezuela denunciara a la Convención Americana el 10 de septiembre de 2012.
«La Corte debe determinar si Venezuela continúa siendo parte de la Convención Americana y se encuentra bajo la competencia contenciosa de esta Corte», dijo Caballero.
Por su parte, el representante de las presuntas víctimas, Carlos Briceño, lamentó la ausencia del Estado en la audiencia e indicó que este caso «es la primera oportunidad de la Corte para pronunciarse sobre hechos ocurridos en Venezuela con posterioridad al 10 de septiembre de 2012, cuando surtió efecto la denuncia de la Convención Interamericana».
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