El diputado y vicepresidente de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, Armando Armas, expresó que las sanciones aplicadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra cuatro altos militares señalados de ser responsables de torturas, debe incluir a los funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) de la Policía Nacional Bolivariana, involucrados en aproximadamente 5.000 ejecuciones extrajudiciales sólo en el año 2018.
Armas argumentó que, según el informe presentado el pasado cinco de julio por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se recomienda al régimen usurpador de Nicolás Maduro disolver de forma inmediata a las Faes y establecer un mecanismo imparcial e independiente, con apoyo de la comunidad internacional, dedicado a investigar estas muertes violentas para que los culpables rindan cuentas y las víctimas obtengan justicia.
“Las medidas adoptadas contra el General de División Rafael Ramón Blanco Marrero, el Coronel Hannover Esteban Guerrero Mijares, el Comandante Alexander Enrique Granko Arteaga y el Coronel Rafael Antonio Franco Quintero, todos militares de la Fuerza Armada Nacional y funcionarios de la Dirección Nacional de Contrainteligencia Militar (Dgcim), como consecuencia del arresto, abuso físico y muerte del Capitán de la Armada, Rafael Acosta Arévalo, evidencia la violación de los derechos humanos y las atrocidades cometidas por la dictadura contra la disidencia”.
Con información de Asamblea Nacional
