Venezuela está experimentando una crisis política, económica y humanitaria que amenaza la estabilidad y la seguridad del hemisferio occidental.
El continuo deterioro de Venezuela está afectando a nuestro aliado cercano, Colombia, y amenaza con desestabilizar a toda la región. Los brutales regímenes de Cuba, Rusia, Irán y China ya están presentes en Venezuela y están exacerbando la crisis a expensas del pueblo venezolano y los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos.
Esta crisis comenzó bajo Hugo Chávez, quien prometió que el socialismo acabaría con la desigualdad y la pobreza. Sin embargo, la corrupción sistemática y las políticas socialistas establecidas por Chávez formaron las bases para el colapso económico del país y la erosión de las instituciones democráticas. Las condiciones empeoraron dramáticamente bajo el gobierno de Nicolás Maduro.
Venezuela se ha deteriorado, yendo desde una de las naciones más prósperas de América del Sur a una de las más empobrecidas, violentas y corruptas. El Fondo Monetario Internacional predice que la inflación en Venezuela alcanzará más de 10 millones por ciento en 2019. Según encuestas, la tasa de pobreza alcanzó el 90% en abril de 2019. Venezuela también se ubicó en el puesto 168 entre los 180 países en el Índice de Corrupción Global 2018 de Transparencia International. Además, los venezolanos viven bajo una dictadura que reprime violentamente la disidencia y la oposición.
En mayo de 2018, Maduro se autodeclaró victorioso después de una elección presidencial fraudulenta e inconstitucional. Los resultados fueron considerados ilegítimos por Estados Unidos y gran parte de la comunidad internacional, debido a la violenta represión de los manifestantes, la falta de un control electoral creíble y el encarcelamiento de los líderes de la oposición.
La Asamblea Nacional, controlada por la oposición y elegida democráticamente, respondió declarando ilegítima la reelección de Maduro y, en enero de 2019, designó al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente interino de Venezuela hasta que se puedan establecer las condiciones para elecciones libres y justas de acuerdo con la Constitución venezolana. Cincuenta y cuatro países también han reconocido a Guaidó como el legítimo presidente de Venezuela.
Guaidó ha galvanizado el apoyo del pueblo venezolano y ha organizado una serie de protestas antigubernamentales para pedir la salida del poder de Maduro y que los militares venezolanos se unan a Guaidó en una transición democrática pacífica. Sin embargo, el régimen de Maduro ha continuado con sus abusos y ha aumentado su dependencia de grupos criminales transnacionales y países como Cuba y Rusia para contrarrestar las sanciones de Estados Unidos contra individuos venezolanos y sectores corruptos de la economía venezolana.
Aplaudimos a la Administración de Trump por reconocer la grave situación en Venezuela y por tomar medidas audaces para responsabilizar al régimen por sus acciones. Sin embargo, los venezolanos continuarán huyendo de su país en niveles sin precedentes hasta que el régimen caiga y el país pueda ser reconstruido. El éxodo de personas que abandonan Venezuela es el mayor en la historia de América Latina.
La crisis en Venezuela no solo perjudica a los ciudadanos venezolanos, sino que desestabiliza toda la región. Si las naciones responsables del hemisferio occidental y el mundo permitimos que estas atrocidades sigan empeorando, corremos el riesgo de sentar un precedente de tolerar la opresión para líderes actuales y futuros en la región con ambiciones dictatoriales.
Se requerirá la presión de EEUU y el mayor apoyo de la comunidad internacional para poner fin a esta crisis. Para abordar esta situación, proponemos lo siguiente:
1. Instar al Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, a invocar el Artículo 99 con respecto a la crisis humanitaria en Venezuela, que establece que puede “llamar la atención del Consejo de Seguridad, cualquier asunto que, en su opinión, puede amenazar el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales”.
2. Instar a la comunidad internacional a mantener su apoyo al presidente legítimo Guaidó y a garantizar su seguridad y la de todos los líderes de la oposición y la sociedad civil.
3. Instar a nuestros socios democráticos en la comunidad internacional a imponer sanciones para responsabilizar a los agentes corruptos venezolanos y abusadores de los derechos humanos por violar los derechos y las libertades del pueblo venezolano.
Tenemos que actuar con eficacia y firmeza para asegurar el restablecimiento de la paz y la estabilidad en la región, y en última instancia, una Venezuela libre y democrática.