Rafael Correa Delgado, presidente de Ecuador entre 2007 y 2017, no habría imaginado que dos mujeres de su círculo más cercano, su asesora Pamela Martínez y la asistente de esta, Laura Terán, entregarían a la justicia elementos de convicción suficientes para que la jueza Daniella Camacho ordenara prisión preventiva en su contra, acogiendo el pedio de la fiscal general del Estado, Diana Salazar.
La jueza Daniella Camacho, de la Corte Nacional de Justicia, ordenó la prisión preventiva de Rafael Correa y otros exfuncionarios implicados en un caso de sobornos de varias empresas, nacionales y extranjeras, a cambio de obras públicas. Los imputados están siendo investigados por los delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias y cohecho, delito este último imprescriptible.
La trama salió a la luz por una investigación periodística denominada «Caso arroz verde», que dio cuenta de aportes a las campañas políticas del movimiento político Alianza País, liderado por Correa, que habrían exigido dinero a las empresas para adjudicarlas obras públicas, la mayoría de las cuales tienen enormes sobrecostes. Además de Correa y del ex vicepresidente Jorge Glas (actualmente en prisión por asociación ilícita en la trama de corrupción de Odebrecht), están involucrados exministros como Vinicio Alvarado, Walter Soliz y una decena más de exaltos cargos del correísmo. La Fiscalía denomina al caso «Sobornos 2012-2016». La jueza Camacho también ha ordenado que se retengan las cuentas bancarias de los imputados y se les prohíba vender sus bienes que tengan un valor de un millón de dólares. El abogado de Correa, Fausto Jarrín, anticipó que apelará el fallo.
Correa se defiende en los medios rusos
Rafael Correa, que usa medios rusos como Spunik y RT para dar su punto de vista, considera la orden de prisión en su contra es «una persecución política». Dice que le persiguen «como lo hacen con Lula», en Brasil. Pero para el penalista Pablo Encalada la orden de prisión es «adecuada».Se trata de la segunda orden de prisión para Correa, quien reside en Bélgica, país de origen de su esposa. La anterior ocasión fue por el caso del secuestro de un exlegislador y exaliado suyo, Fernando Balda, pero la Interpol desestimó el caso.
Una libreta en la chimenea
Tras la denuncia de los portales Mil Hojas y La Fuente, que destaparon el caso «Arroz verde», la exasesora de Rafael Correa, Pamela Martínez, quien por la influencia del presidente llegó a ser magistrada de la Corte Constitucional (CC), fue detenida en el aeropuerto de Guayaquil cuando intentaba viajar a México tras llegar de otro vuelo internacional. Días después se detuvo a su exasistente Laura Terán; las dos habían trabajado en el Palacio de Gobierno y luego en la CC.
Una libreta con anotaciones hallada en la chimenea de un departamento de Martínez resultó clave. Allí se descubrió los códigos que habrían usaban para recibir los sobornos. El de Correa era SP (señor presidente); el de Jorge Glas SVP (señor vice presidente); ministros y otros funcionarios tenían su propia identificación secreta. Después, una pericia dispuesta por la justicia se descubrieron correos electrónicos y un archivo de Excel en los ordenadores de Laura Terán. Recuperaron más de 60. 000 documentos en los que estaban los datos de las empresas, el registro de contribuyentes y los teléfonos de contacto. Se menciona que las empresas contratistas entregaban el dinero en efectivo o por cruce de facturas para pagar los gastos de Alianza País y hasta las fiestas de cumpleaños de los funcionarios. Para la fiscal general Diana Salazar todo esto se trata de una estructura ilícita liderada por Rafael Correa, cuya ex asesora Pamela Martínez y su exasistente Laura Terán colaboran con la justicia a cambio de rebajas en las penas que recibirán.
