“A mi hijo lo torturaron, le partieron tres costillas, le colocaron corriente en la garganta y los testículos”, denunció Aura Arcia, madre del preso político Hebert Ramírez.
Ramírez, de 32 años de edad, salió el 23 de mayo de 2018, junto a Jorman Ortiz, a una concentración en la plaza Alfredo Sadel de Las Mercedes en rechazo a las elecciones presidenciales celebradas días antes.
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Alrededor de las 10:00 am, fue detenido por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en las cercanías de su residencia, ubicada en Sabana Grande.
“Los llamaron y cuando voltearon se dieron cuenta que son ellos (el Sebin) y trataron de correr, pero eran muchos. Los golpearon, les pusieron pistolas en sus cabezas. La gente pensó que era un secuestro por la forma tan arbitraria de abordarlos”, relató Arcia.
La incertidumbre para la familia tanto de Ramírez como de Ortiz apenas comenzaba. A ambos jóvenes, miembros de La Resistencia, se los llevaron en un carro sin placa y nadie supo de ellos hasta pasada una semana cuando recibieron la información de que se encontraban detenidos en El Helicoide.
Los jóvenes, de acuerdo con la madre de Ramírez, fueron víctimas de torturas, tratos crueles e inhumanos en la sede de la policía política de Plaza Venezuela. En este sitio, donde se encuentra la cárcel conocida como ‘La Tumba’, los funcionarios trataban de obtener confesiones sobre supuestos patrocinadores.
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“Los torturaron para que ellos dijeran quiénes eran sus jefes, pero ellos eran del pueblo. Son activistas políticos, pero no están con ningún partido. Son resistencia”, dijo.
A este cuerpo de seguridad no le bastó con detener a los jóvenes, señaló Arcía, sino que ingresaron a su apartamento sin orden judicial y “arrasaron con todo lo que pudieron”. De su casa se llevaron electrodomésticos, aparatos tecnológicos, perfumes, ropa, zapatos y maletas.
“Cuando fui a la Fiscalía a poner la denuncia me dijeron que no se puede hacer nada al respecto porque eso es un motín de guerra. ¿Qué te parece?”, recordó con ironía.
Tres meses sin verlo
A la medianoche del jueves 24 de mayo, Ramírez fue presentado ante un tribunal de Caracas, donde le imputaron los delitos de instigación al odio, detentación de artefacto explosivo y agavillamiento. Sus familiares pudieron verlo tres meses después, cuando apenas estaban desinflamándose las hematomas producto de la golpiza que recibió.
La audiencia preliminar, que de acuerdo al artículo 309 del Código Orgánico Procesal Penal debe realizarse entre los 15 y 20 primeros días de detención, fue pautada con un año, un mes y 16 días de retaso, para el 10 de julio de este año.
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Sin embargo, no pudo celebrarse debido a que el fiscal designado para el caso “dijo que se le habían olvidado las pruebas”. Después fue programada para el 12 de agosto, cuando el fiscal se negó a realizarla “porque llegaron tarde”. Ahora, la audiencia preliminar está pautada para el 13 de septiembre, fecha en la que los familiares de Ramírez esperan que el funcionario público “se digne a ejecutar su trabajo”.
Con información de El Nacional
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