¿A quiénes representa la oposición moderada de Maduro? En el acto electoral del 20-M, su candidato presidencial obtuvo 9 % de los votos del RE; no tienen ningún gobernador, solo lograron ganar una alcaldía en 2017 y cuentan apenas con 7 diputados en la AN, 6 de los cuales militaban en otro partido hasta 2018. Ni ellos sumados al PSUV, ni la alternativa democrática tienen por sí mismos la mayoría necesaria para elegir al CNE.
Caracas. Avanzada Progresista, Cambiemos, Soluciones y el Movimiento Al Socialismo —autodenominados como la oposición moderada— firmaron este lunes un acuerdo con el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y el Poder Ejecutivo, en manos de Nicolás Maduro, para instalar una mesa de diálogo nacional que permita el retorno del PSUV a la Asamblea Nacional y la renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE), en primera instancia.
Pero ¿cuál es la representatividad real de estos partidos dentro de la Asamblea y en el espectro político nacional? Veamos.
En 2015, cuando se realizaron las elecciones parlamentarias, la oposición estaba representada por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que reunía a la mayoría de las toldas políticas. Para ese entonces no existían ni Cambiemos ni Soluciones, mientras el MAS se había separado de la alianza luego de la fractura interna generada por una decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que traspasaba arbitrariamente la junta directiva de manos de José Antonio España (hoy día en Cambiemos), a manos de Leopoldo Puchi. De los cuatro partidos firmantes del acuerdo con Maduro, solo Avanzada Progresista estaba vigente y era parte de la Unidad en 2015.
Para la elección legislativa de diciembre de ese año, todos los partidos que hacían vida en la MUD renunciaron a sus tarjetas —incluyendo AP— y se presentaron a la contienda con una tarjeta única, la de la manito. En estricto derecho, ningún partido obtuvo diputados, sino que todos fueron electos por la tarjeta de la Unidad, pero en la práctica vale decir que AP obtuvo tres principales y tres suplentes.
Del total de 7.728.025 personas que votaron por la tarjeta de la MUD, 589.417 lo hicieron por los tres candidatos que en aquel entonces postuló AP: Julio César Reyes, María Teresa Pérez y Teodoro Campos. Sin embargo, al día de hoy solo Pérez sigue militando en esa tolda.
El caso de Cambiemos es particular. Los seis diputados que hoy integran la fracción de este partido creado en 2018 provienen de Un Nuevo Tiempo (Adolfo Superlano, Timoteo Zambrano, Maribel Guedez y Melva Paredes), Primero Justicia (José Antonio España) y Gente Emergente (José Gregorio Aparicio). Todos fueron electos por la tarjeta de la MUD pero en 2018 se separaron de la fracción unitaria para irse primero a Prociudadanos y pocas semanas después crear el partido Cambiemos.
De los más de 7 millones de votos emitidos el 6-D de 2015, apenas 1,6 millones votos fueron para estos seis parlamentarios, dos de los cuales (Zambrano y Aparicio) entraron por lista y los demás por nombre y apellido.
Mínima representación nacional
En las elecciones regionales de 2017 ni el MAS, ni Cambiemos, ni Soluciones ni Avanzada Progresista ganaron ninguna gobernación. Incluso, el candidato a la reelección por la gobernación de Lara y líder de AP, Henri Falcón, perdió con la candidata del PSUV, Carmen Meléndez, por una diferencia de más de 144.000 votos.
En las elecciones municipales de 2017, el grueso de los partidos de la alternativa democrática decidió no participar en protesta por las violaciones de la ley y atropellos registrados en las regionales. En esa elección participaron dos de los cuatro firmantes del acuerdo de este lunes: AP y el MAS. Ambos postularon candidatos propios o apoyaron con su tarjeta a candidatos de algunas de las pocas organizaciones de oposición o movimientos vecinales que participaron. El MAS logró que uno de sus candidatos propios ganara una de las 335 alcaldías en disputa: Alcides Monsalve obtuvo la alcaldía de Libertador en el estado Mérida con 39.628 votos de los 85.351 escrutados, en medio de una abstención del 55 % en su municipio. Las otras 22 alcaldías en manos de la oposición fueron para Copei y UNT principalmente, aunque varios de estos alcaldes sacaron algunos votos con la tarjeta del MAS y AP.
En el acto de votación del 20 de mayo de 2018, el partido Avanzada Progresista inscribió a su candidato a la presidencia, Henri Falcón. De acuerdo con los resultados del CNE para ese proceso, Falcón habría obtenido 1,9 millones de votos, frente a los 6,2 que supuestamente obtuvo Maduro. Es decir, que según ese proceso, Falcón solo representó a 9 % del total de electores inscritos en el Registro Electoral.
Salir del desacato
En las declaraciones de este lunes, los voceros del PSUV y del Ejecutivo indicaron que una de las aristas del acuerdo firmado con los cuatro “partidos moderados” es la reincoporación de la bancada del PSUV a la Asamblea Nacional y la elección de un nuevo CNE.
Con respecto al primer punto, como se sabe, en 2016 el TSJ emitió un dictamen según el cual el Parlamento entero estaba en desacato (por haber juramentado a los tres diputados de Amazonas suspendidos por el TSJ) y por ende, ninguna de sus decisiones sería válida. Esa interpretación ha sido ratificada en las más de 100 sentencias sobre la AN dictadas hasta el presente.
Además, en enero de 2017 el TSJ sostuvo que la única junta directiva válida de la Asamblea Nacional era la integrada por Henry Ramos, Enrique Márquez y Simón Calzadilla. Ese razonamiento ha sido ratificado en todas sus sentencias relativas al Poder Legislativo desde entonces.
El PSUV ha acogido estas interpretaciones como justificativo para retirarse del Parlamento, desconocer todas sus decisiones e incluso conformar una Asamblea Constituyente a contrapelo de lo establecido en la Constitución que le terminó de quitar las competencias que el TSJ le había cercenado.
Este lunes Maduro se refirió al regreso del PSUV a la AN: “Va nuevamente el bloque del cambio a la Asamblea Nacional hacer vida política, a propiciar el diálogo y a buscar salir del desacato”. Pero no dijo cómo.
Cabe preguntarse si a partir de este acuerdo, el PSUV y el TSJ validarán la actual integración de la junta directiva, o si por el contrario propondrán a la mayoría de la alternativa democrática cambiar a la directiva actual, encabezada por Juan Guaidó, por la de 2016 (dos de cuyos integrantes están perseguidos judicialmente) o por una donde ellos tengan representación. Sin entrar a considerar si le reconocerán la validez a todas las decisiones de la AN desde 2016 en adelante.
Nadie tiene los dos tercios
El otro elemento puesto sobre la mesa este lunes fue la elección de un nuevo CNE. Sobre este punto, dos consideraciones: uno, el oficialismo no tiene planteadas unas elecciones presidenciales hasta 2025, mientras que ese es el principal pedido de la oposición. El PSUV está centrado en adelantar para el primer trimestre de 2020 las elecciones legislativas, asunto rechazado por la oposición.
Dos, que para nombrar a los rectores del CNE la Constitución establece que se requiere dos tercios de los integrantes de la AN, lo que equivale a 112 votos, cantidad que al día de hoy ni la alternativa democrática ni el PSUV tienen.
Al momento de su elección la Unidad obtuvo 112 diputados pero en la actualidad ese número se ubica en 100, incluyendo a los 3 diputados de Amazonas reincorporados plenamente a partir de 2018 y restando a los 6 diputados de Cambiemos, la diputada de AP, el diputado de Prociudadanos y los 4 diputados del bloque 16J.
Estos 100 diputados provienen de los partidos PJ, AD, UNT, VP, MPV, LCR, Copei-ODCA, Cuentas Claras, Camina, Gente Emergente, Proyecto Venezuela, Encuentro Ciudadano y dos independientes.
Del lado del Bloque de la Patria, a las 55 curules que obtuvieron en 2015 habría que restarles en principio 5 principales:
- Un diputado de Amazonas que el TSJ les eliminó en la misma sentencia que afectó a los tres de la oposición y que hoy en día es gobernador.
- Un diputado por Lara, Germán Ferrer, que se encuentra en el exilio perseguido junto con su esposa, la fiscal Luisa Ortega. Su suplente nunca se incorporó.
- Un diputado de Guárico, Eustoquio Contreras, que se reincorporó a la AN en 2017 y se deslindó del PSUV.
- Una diputada de Miranda, Arkielly Perfecto, que no tiene suplente y también es disidente del PSUV.
- Una diputada por el Zulia, Lucila Pacheco, también disidente del PSUV y reincorporada.
Además, el suplente por el estado Trujillo, Fernando Orozco, disidente del PSUV, se mantiene activo desde el primer trimestre de este año, ocupando la silla como principal. A efectos del quorum y las votaciones Contreras, Perfecto, Pacheco y Orozco contarían para la bancada de la alternativa democrática, o en todo caso, no sumarían ya para el PSUV.
Asimismo, habría que considerar que de los 50 diputados principales con que contaría el PSUV, al menos 20 hoy son alcaldes, gobernadores, embajadores o ministros de manera que correspondería incorporarse a sus suplentes, muchos de los cuales no han sido juramentados. Además está el asunto de los constituyentes: de los 55 diputados electos por el Bloque de la Patria, 39 se postularon y quedaron electos como Constituyentes (algunos se fueron a alcaldías, gobernaciones u otros cargos). No está claro si a partir de ahora estos constituyentes ejercerán en paralelo el cargo de diputados o si se incorporarán los suplentes.
Un escollo más
Otro escollo que deberá superar la Asamblea Nacional para designar a los nuevos rectores tiene que ver con el Poder Ciudadano, integrado por el fiscal general, el defensor del pueblo y el contralor general.
Como se recordará, en reiteradas ocasiones desde agosto de 2017, la AN ha cuestionado y desconocido abiertamente la designación a dedo del fiscal general Tarek William Saab por la Constituyente, así como la sucesión del cargo de defensor del Pueblo en Alfredo Ruiz, y la designación también a dedo y sin concurso del contralor general Elvis Amoroso.
Si se llegara acordar una renovación total, es decir, que incluya al rector del CNE postulado directamente por el Poder Ciudadano conforme a la Ley y la Constitución, la mayoría de la alternativa democrática en la Asamblea Nacional deberá o bien anular los actos legislativos en los que rechazó tales nombramientos o proponer una renovación ajustada a derecho de los integrantes del Poder Ciudadano, propuesta que debería ser acogida entonces por la bancada del PSUV que se desprendería de tres fichas político partidistas en estos cargos.
