La filial en Colorado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) publicó este miércoles un detallado reporte sobre «historias de muerte, abuso y negligencia» en una cárcel para indocumentados en la ciudad de Aurora, al este de la capital estatal, Denver.
El reporte, un documento de 48 páginas y cuya difusión espera que se tomen medidas para evitar se repitan estas historias, se basa en entrevistas con personas que permanecieron en el centro de detención del GEO Group, una empresa privada que obtuvo un contrato del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).
ACLU analiza seis muertes acaecidas en este centro, ya sea por abusos o por no haber recibido tratamiento médico: las de los inmigrantes George Zoley, Kamyar Samimi, Evalin-Ali Mandza, Dan Courson, Ronnie Keyes y Mohammed Dirshe.
También, se anotan seis casos de «sufrimiento y descuido», a los internos John Mathews, Diana López, Jane Smith, Fabián Vásquez, Elías Salgado y Miguel Ángel Ávila Arce.
Según ACLU, el «sufrimiento» está relacionado con heridas físicas, falta de tratamiento médico, violencia de los carceleros, discriminación y castigos reiterados o innecesarios.
López, como ejemplo y de acuerdo con el documento, padeció complicaciones físicas luego de la extracción de un diente. Vásquez fue colocado en confinamiento solitario porque no tenía sus audífonos, y Ávila sufrió la fractura de varios dedos cuando un guardia cerró con fuerza la puerta de su celda.
«La crueldad debe detenerse», dice el reporte de ACLU. «Tenemos el poder para asegurarnos de que la muerte de Kamyar Samimi y el sufrimiento de muchos otros no sea en vano».
Samimi, un iraní con presencia legal en el país, murió en diciembre de 2017 cuando el médico de la cárcel decidió no administrarle los medicamentos necesarios por considerarlo «drogadicto».
Por ese hecho, y por denuncias recibidas, el congresista demócrata Jason Crow estableció visitas semanales al centro de detención.
Además, en junio de 2018 y nuevamente en junio último, la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA) demandó a GEO y a ICE por «la peligrosa falta de servicios de cuidados médicos de salud mental en las instalaciones de Aurora».
Además de las demandas de ACLU, el Centro de Educación y Cumplimiento de Derechos Civiles (CREEC) también acudió a la corte en 2019 contra GEO por la muerte de Samimi.
«Yo tengo presencia legal en este país desde hace 25 años, pero estuve detenida en ese centro por semanas hace dos años y sé que lo que dice ACLU es verdad, por lo que sufrí yo y sufrió mi familia», dijo a Efe una inmigrante mexicana de 40 años que solicitó anonimato.
«Ni yo ni mis hijas nos hemos recuperado de mi detención. Lo que vi y viví allí adentro no puedo contarlo. Solamente lo saben mi terapista y mi confesor», afirmó la inmigrante, que ha iniciado acciones judiciales contra ICE.
ICE tiene «la responsabilidad constitucional» de velar por el bienestar de los detenidos, enfatizó ACLU, cuyo reporte también sea apoya en documentos obtenidos mediante demandas judiciales contra ICE y contra GEO, o por medio de la Ley de Libertad de Información (FOIA).
La cárcel de GEO en Aurora comenzó a operar hace 30 años y a principios de este año se expandió para alojar hasta 1.500 presos. Entre febrero y abril de 2019 se detectaron en ese establecimiento numerosos casos de enfermedades contagiosas, lo que llevó a cuarentena a casi 400 inmigrantes.
EFE
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