Más de 47 mil personas han llegado a San Antonio del Táchira e incluso han modificado la economía local, la demanda de pernocta ha creado problemas de salud pública en los municipios Bolívar y Pedro María Ureña.
Por Rafael Urdaneta / NTN 24
En busca de obtener mejores ingresos, miles de venezolanos han decidido movilizarse hacia la frontera entre Colombia y Venezuela, tomaron como destino la ciudad de San Antonio del Táchira, capital del municipio Bolívar, con un solo objetivo en común, satisfacer sus necesidades básicas, algo que definitivamente, desde hace un tiempo, no pueden hacer en sus regiones de origen.
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La crisis económica provocada por erradas decisiones del tren ejecutivo de Miraflores ha sido devastadora para la mayoría de los venezolanos, en decenas de casos, jóvenes han tenido que dejar hasta los estudios y dedicarse a la economía informal en otras latitudes, sortearse el pan de cada día en un territorio completamente extraño para ellos, hostil, lleno de riesgos y problemas de seguridad.
Tal es el caso de Andrea Orozco, de 21 años de edad, quien llegó a San Antonio del Táchira desde el estado Aragua y con un hijo de meses en brazos admitió que ha sido duro adaptarse al ambiente fronterizo, pero esa es ahora la única forma en que ella y su joven marido han podido asegurar la alimentación diaria, algo que según su criterio, era imposible lograr en su tierra natal.
Con educación media aprobada, Orozco tenía como proyecto de vida graduarse de contadora en alguna universidad pública del centro del país, pero su realidad cambió drásticamente, ahora vive en uno de los tantos locales comerciales que se han habilitado como albergues improvisados para venezolanos, que como ella y su pareja sentimental, llegan con la idea de quedarse en San Antonio del Táchira.
Hoteles y posadas están abarrotados de personas que durante el día salen a la calle para dedicarse a la economía informal, son tantos, que a las autoridades municipales les ha tocado que organizarlos por zonas, grupos y colores, a algunos de ellos, para poder tener derecho al trabajo, se les ha asignado tareas comunitarias, sobre todo cuando se detecta que han tenido un comportamiento inapropiado dentro de la comunidad fronteriza, como por ejemplo, hacer sus necesidades fisiológicas en plena calle.
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“Hay días que se puede comer, pero hay días que solo se puede comer una sola vez, hay días en que hemos comido hasta con 6000 pesos. Hay quienes no tienen que comer a veces y nosotros compartimos, le damos una porción. Todo lo que hacemos de comer siempre andamos picando, un poquito de cada cosa y así en esa parte somos muy unidos, gracias a Dios no se nos ha perdido nada”, explicó Orozco.
Andrea y su familia habitan en un local comercial, junto a 10 familias más, un lugar que consideran seguro y que fue habilitado para recibir personas, luego del cierre de frontera en el año 2015 y ante el quiebre de la economía formal, comerciantes y empresarios se han tenido que reinventar para no perder lo que queda de sus propiedades.
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