La Procuraduría de Colombia entregó este lunes a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) un informe que recoge los patrones de conducta y acciones de los funcionarios públicos durante el conflicto armado en el país suramericano, específicamente en el período de 1990 a 2005.
El informe, denominado «Aportes desde la investigación disciplinaria a la justicia y la verdad en contextos de transición», identificó a 3.574 víctimas de los agentes del Estado, informó el procurador, Fernando Carillo.
Este informe cualitativo identificó 3.574 víctimas, información en más de 2.181 procesos disciplinarios, con base en fuentes documentales no estadísticas y fue construido desde enfoques diferenciales. pic.twitter.com/ldoj4ScXXe
— Fernando Carrillo F. (@fcarrilloflorez) September 30, 2019
Estas víctimas, precisó Carrillo en el evento, eran en su mayoría líderes políticos o campesinos, quienes sufrieron amenazas, torturas, homicidios, masacres y desapariciones forzadas por parte de los agentes del Estado.
En el texto se habla de 728 funcionarios implicados en estas acciones, principalmente del Ejército y la Policía de Colombia; y, en total, el documento reúne los avances de 2.181 procesos disciplinarios abiertos a esos agentes.
También se contemplan los patrones de conducta, como «el abuso de autoridad, el apoyo, impulso o connivencia con grupos paramilitares, y la estigmatización de personas en el proceso de búsqueda y persecución de grupos guerrilleros», enfatizó Carrillo, citado por El Espectador.
«Esta es la oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con los ideales de la JEP, con todo lo que representa un futuro de reconciliación distinto y con la construcción de memoria y verdad, procesos necesarios en un país en transición a la paz», dijo el procurador.
Segundo documento
El documento entregado por la Procuraduría este lunes, se suma a otro presentado el 11 de diciembre pasado, que también se refería a las acciones de los agentes del Estado en el conflicto armado, pero en el período de 2006 a 2019.
En ese informe se contabilizaron 1.588 procesos disciplinarios que se abrieron contra funcionarios en todas las procuradurías del país; de los cuales, 733 aún estaban activos para la fecha.
Los textos los procesará la JEP, el mecanismo de justicia transicional acordado entre el Gobierno colombiano y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en el Acuerdo de Paz, para procesar a los actores del conflicto armado.
Con información de El Espectador
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