Dentro del millón y medio de personas que han emigrado de Venezuela a Colombia en los últimos tres años, hay cientos de miles de colombianos. El problema es que no tienen cómo demostrarlo.
Laura Campos Encinales / Armando.info
En una tienda cerca a la Registraduría principal de Cúcuta (la ciudad colombiana más cercana a la frontera con Venezuela), Zamir Quintero, un colombiano de 45 años, tez blanca, camisa roja y cabello oscuro, se toma un refresco y se lleva la mano a la frente, cada tanto. Está preocupado porque durante 12 meses ha intentado inscribir a su hija venezolana, Sharoll, en el registro civil y no ha podido.
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Reprocha en voz alta que su padre le sacó cédula venezolana cuando él apenas tenía 9 años, sin haber nacido en Venezuela. Un guardia bolivariano, a quien su papá le pintó una fachada, le hizo el favorcito.
Gracias a ese documento, Quintero vivió tranquilamente por diez años del lado venezolano de la frontera. Pero desde que retornó en 2017, ese favorcito informal le ha salido muy caro. Los funcionarios de la Registraduría le han dicho, en tres ocasiones distintas, que mientras no demuestre cómo adquirió esa cédula venezolana – la que utilizó para registrar a Sharoll cuando nació- no puede hacer el trámite.
Como la cédula de Quintero es fraudulenta, no aparece en la ‘gaceta oficial’, donde se publican las nacionalizaciones de extranjeros en Venezuela. Ese es el documento que los registradores le han pedido para comprobar que el venezolano que aparece en la partida de nacimiento de su hija, es en realidad un colombiano nacionalizado.
Las opciones para remediar esta situación son igual o peor de complicadas y riesgosas: viajar a Venezuela y anular su cédula venezolana chimba implica admitir ante las autoridades que ha utilizado un documento falso, por años, lo cual es un delito. El registrar a Sharoll en un pueblo remoto de Colombia como si hubiera nacido allí, sería incurrir en un nuevo delito. Así que, de momento, ella continuará siendo una extranjera con estatus migratorio irregular en Colombia
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El caso de Quintero es solo uno entre cientos de miles de retornados que al llegar a Colombia se encuentran con un panorama desolador. Entre la incapacidad de las instituciones colombianas -que no tienen presupuesto, personal, ni infraestructura adecuada para atender la demanda inusitada- la falta de entendimiento de lo que ha sido la realidad migratoria entre ambos países -preponderantemente informal- y el surgimiento de mafias que se aprovechan de su situación crítica, su derecho a ser colombianos se está quedando en veremos.
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