La verdad es esta: gobiernos como los de Lenín Moreno, Mauricio Macri e incluso Jair Bolsonaro están cargando con la cuenta de los tres lustros de fiesta populista pagada por el auge de las materias primas que disfrutaron Rafael Correa, la pareja Kirchner y la dupla Lula da Silva-Dilma Rousseff. Estos tuvieron suficientes recursos para financiar toda clase de subsidios a sus clientelas políticas mientras por otro lado sostenían sus respectivas y mutuas redes de corrupción. Ahora alguien tiene que pagar la cuenta y el costo político.
Pedro Benítez / ALnavío
Hace 30 años (febrero de 1989) una ola de violentos disturbios sacudió por varios días el área metropolitana de Caracas. El detonante fue el aumento del precio de los combustibles y por ende del transporte público. Aquella medida fue parte del programa de reformas económicas de la segunda administración del expresidente Carlos Andrés Pérez que, con el apoyo del Fondo Monetario Internacional (FMI), pretendía corregir el rumbo de la economía venezolana que por entonces llevaba una década de dificultades.
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Pese a su relativo éxito en términos de crecimiento, generación de empleos e incluso reducción leve de la pobreza, ese gobierno de Pérez fue un fracaso político por las resistencias que las reformas generaron, que incluyeron los dos intentos de golpe de Estado de 1992, uno de los cuales lanzó a la fama al teniente coronel Hugo Chávez.
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