Arrestos, largas detenciones y deportaciones son palabras comunes y parte del dilema que enfrentan migrantes venezolanos en Trinidad y Tobago, hasta donde viajó un equipo de la Voz de América para obtener testimonios.
Por Cristina Caicedo Smit / voanoticias.com
El éxodo masivo de más de 4,5 millones de venezolanos que han salido del país para escapar de la severa crisis, ha supuesto una carga fuerte para los sistemas de atención social y de justicia de las naciones más pequeñas en la región.
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Para muchos de estos países, entre ellos Trinidad y Tobago, el peso es prácticamente imposible de llevar sin que medie la ayuda internacional.
Sistema carcelario
Según un informe de la organización “Refugees International”, unos 440 venezolanos se encuentran detenidos en Trinidad y Tobago, donde apenas hay información sobre sus casos. La mayoría de ellos han sido privados de la libertad por extensos periodos de tiempo, y apenas disponen de asistencia legal y médica.
La migrante venezolana Mary Carmen Arraiz contó a la VOA lo que ha debido encarar desde el pasado 16 de abril, cuando cuatro miembros de su familia fueron arrestados en su casa y trasladados a la cárcel de Máxima Seguridad en Puerto España.
Explicó que sus familiares, -que identificó como Keyla Arraiz, Maryenis del Carmen, Urquia Rodriguez, Roimar Troya y Héctor Luis Castellano-, han estado tras las rejas desde entonces debido a una pelea doméstica.
“La cárcel tiene condiciones inhumanas. El trato de ellos, la misma xenofobia no es igual al trato que tienen con los locales”, dijo en alusión a las dos mujeres.
Con uno de los niños en brazos, Mary Carmen contó que ha tenido que cuidar de los menores de 10 meses y un año: “Sus hijos están pequeños. Las dos estaban amamantando y sus hijos las necesitan”.
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Y eso, -dice-, es solo una parte de la carga emocional y económica que enfrenta como parte de una situación que cataloga de “injusta”.
“Ninguna de las dos han podido ver a sus hijos desde que fueron detenidas”, afirmó.
Viviendo con miedo
En entrevista con la VOA, Mary Carmen dijo que se siente “acorralada”.
“Los policías amenazaron con buscarme, con ponerme droga para llevarme detenida. Yo no salgo, yo ando escondida, yo no voy ni siquiera al minimart (mercado)”, dijo.
Los cargos presentados a sus familiares en la corte de Chaguanas incluyen resistencia al arresto y comportamiento desordenado y obstrucción a la justicia.
Según el abogado Nicholas Rampersadsingh, asesor legal de la familia, todos estos delitos son “ofensas menores”.
“Muchas veces cuando los venezolanos son arrestados se quedan en la cárcel por la duración del juicio. Algunos de estos casos pueden llevar años. En uno de los casos que estoy representando en este momento ante la corte criminal, a los venezolanos se les permitió pagar fianza, pero el monto es tan grande que les es imposible pagar”, afirmó el abogado.
La familia de Arraiz y abogados consultados creen que los venezolanos en Trinidad y Tobago se están enfrentando no solo a la falta de recursos. Describen incluso que se trata de un contexto donde es visible la xenofobia.
“Tengo la sensación de que existe xenofobia con nuestra aplicación de la ley e incluso cuando vas a la corte”, dijo a la VOA Nafeesa Mohammed, abogada familiar en Trinidad y Tobago.
Incluso sostiene que sido se hace difícil poder presentar las pruebas de su caso porque la policía no llega a las audiencias y en ocasiones no está lista la documentación suficiente para dar inicio al juicio.
Dijo además que sus clientes corren el riesgo de ser deportados una vez que su caso es descartado, violando convenios internacionales de DD.HH.
“Nos hemos enfrentado a situaciones ante las cortes en donde la orden de deportación ya está firmada, en circunstancias que van en contra de los convenios firmados y principios de la ley, como en el caso de un solicitante de asilo o refugiado”, expresó.
Según un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre derechos humanos, casos como los denunciados persisten.
Alivio migratorio
A raíz del considerable aumento de venezolanos que han llegado a Trinidad y Tobago, el Ministerio de Seguridad Nacional otorgó un alivio migratorio a quienes se inscribieron en una campaña a mediados de este año. La medida, que incluye permiso de trabajo y estadía legal es solo por un año.
Según el gobierno trinitario, 16.000 venezolanos se inscribieron, pero la Agencia para Refugiados de las Naciones Unidas calcula que son solo 40.000 los migrantes de la nación sudamericana basados en Trinidad y Tobago.
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“Nuestra política tiene sus raíces en los atributos humanos de respeto, dignidad y asegura que la empatía brille como un faro para los desamparados”, dijo durante su discurso ante las Naciones Unidas en Nueva York en septiembre pasado el primer Ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley, en el que mostró su preocupación por la cantidad de venezolanos que llegan a su país.
“Estos desafíos se magnifican para países como Trinidad y Tobago con recursos limitados y otras limitaciones de capacidad”, indicó Rowley.
Los abogados de la familia Arraiz no pierden la esperanza y están a la espera de la respuesta a una carta enviada al Ministro de Seguridad Nacional, Stuart Young, para que sus clientes no sean deportados.
Hasta el momento de publicar este reportaje, la VOA no tuvo respuesta a la solicitud de entrevista cursada al primer ministro Keith Rowley, y al ministro de seguridad nacional, Stuart Young.
“No tengo trabajo, no tengo un ingreso de dinero (…) necesito que eso se solucione para yo poder retomar mi camino”, dijo Mary Carmen Arraiz.
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