La detención de Juan Requesens, diputado a la Asamblea Nacional, ocurrida el 7 de agosto de 2018 por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, es arbitraria. Así lo plasmó el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en un informe.
El grupo detalló cronológicamente todo el procedimiento al que ha sido sometido el parlamentario venezolano, incluyendo las constantes irregularidades.
También expuso que el régimen de Nicolás Maduro viola la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
La instancia pidió al régimen venezolano adoptar las medidas necesarias para remediar la situación.
Por consiguiente, le exigió la liberación inmediata del parlamentario, acusado por Maduro de participar en un supuesto magnicidio en su contra en agosto de 2018.
También, sugirió concederle a Juan Requesens el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con los estatutos internacionales.
El Grupo de Trabajo recordó en el documento que los funcionarios del Sebin abordaron violentamente y sin identificarse a Requesens sin presentar orden judicial.
Requesens, en ese momento, se encontraba en su residencia y lo trasladaron a la sede de la policía política en El Helicoide.
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Finalmente el Grupo de Trabajo solicitó el inicio de una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a detención arbitraria de Requesens.
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