El paquete de medidas de «emergencia» impulsado por el nuevo Gobierno de Argentina logró este miércoles vía libre para ser debatido mañana en el Congreso, aunque con crecientes críticas de parte de la oposición y de sectores económicos que se verán afectados por la iniciativa.
El proyecto, que incluye la creación y la subida de impuestos y puntos relativos a la deuda pública, entre otros múltiples aspectos, logró el visto bueno en las comisiones parlamentarias de Presupuesto y Legislación General para ser tratado este jueves en el pleno de la Cámara de Diputados.
El aval se consiguió con la firma del oficialismo y tras un extenso debate en las comisiones, al que acudieron varios ministros del Gabinete de Fernández.
Al defender la denominada «ley de solidaridad y reactivación productiva», el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, afirmó que la «muy grave» situación de Argentina, en recesión desde 2018, «justifica tomar una serie de medidas de emergencia» para poder detener la caída de la actividad económica e «iniciar un proceso de recuperación».
El proyecto, remitido este martes al Congreso, al cumplirse una semana de la investidura de Fernández, declara la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, de la previsión social, tarifaria, energética, sanitaria y social, y delega al Ejecutivo facultades especiales hasta el 31 de diciembre de 2020.
Aunque la iniciativa es muy amplia, hay puntos salientes, como los referidos a los tributos, un asunto clave para resolver los desequilibrios fiscales del país, y a la deuda pública, otro de los problemas que Argentina debe abordar en lo inmediato.
El proyecto crea un impuesto denominado «país» (impuesto para una Argentina inclusiva y solidaria) que gravará con una tasa del 30 % la adquisición de divisas extranjeras para atesoramiento, la compra de pasajes y paquetes turísticos para viajar al exterior y los gastos que allí se hagan con tarjetas de crédito.
Además, el Ejecutivo pretende aumentar otros impuestos y las denominadas retenciones derechos a la exportaciones que se podrán incrementar hasta el 33 % para la soja, el principal cultivo de Argentina.
«El Estado vive una situación fiscal muy compleja», aseguró este miércoles Alberto Fernández en un encuentro con miembros de la Asociación Empresaria Argentina.
El mandatario sostuvo que pide «un mayor esfuerzo a las empresas, al agro y a la industria» para poder recomponer los ingresos de sectores desfavorecidos, como los jubilados.
En cuanto a la deuda pública, que Argentina pretende renegociar con sus acreedores, el proyecto autoriza al Gobierno a emitir letras a diez años, por un total de 4.571 millones de dólares, y a adquirir con esos títulos dólares provenientes de las reservas del Banco Central con el fin de destinarlos al pago de deuda.
Entre otros aspectos, la iniciativa congela por 180 días las tarifas de electricidad y gas natural con vistas a una renegociación integral tarifaria y permite al Ejecutivo establecer aumentos salariales obligatorios para el sector privado.
Otro punto polémico, que daba facultades al Ejecutivo para modificar la estructura del Estado, fue retirado del proyecto original.
El paquete de medidas se debatirá este jueves en una Cámara Baja donde el oficialismo es el bloque más numeroso pero no tiene mayoría propia.
La oposición cuestiona el proyecto, entre otros aspectos, por las amplias facultades que el Congreso delegaría al Ejecutivo, pero también por los cambios impositivos y el pago de la deuda.
La diputada Romina del Pla, del Frente de Izquierda, sostuvo que el proyecto, «más que atender a las emergencias, está atendiendo a garantizar el pago de una deuda usuraria, fraudulenta e ilegítima».
«¿Cómo se compadece la idea de la reactivación productiva con un impuestazo como el que se propone? No conozco ninguna teoría de que un país se vaya a reactivar aumentando impuestos», planteó por su parte el diputado radical Luis Pastori.
La iniciativa también ha sido cuestionada por sectores que se verán afectados por las medidas, como la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo.
La federación advirtió en un comunicado que la tasa del 30 % para los viajes al exterior «rompe el equilibrio necesario entre turismo receptivo y emisivo», lo que va a «repercutir directamente en la actividad turística nacional, además de influir negativamente en el flujo de las rutas aéreas internacionales».
Pero el sector que más se opone a la ley es el agropecuario, que ya protagonizó un serio conflicto con el Gobierno por las retenciones en 2008.
«Otra vez los productores nos vemos expuestos a situaciones donde nuestros esfuerzos entran en una zona de riesgo», advirtió hoy Confederaciones Rurales Argentinas, una de las cuatro mayores patronales agrarias del país, que sostuvo que aumentar los derechos de exportación de los productos agropecuarios llevaría «a quebranto productivo en amplias zonas del país».
A las puertas del Congreso también protestaron hoy grupos opositores que cuestionan las medidas.
EFE
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