Casi un año, desde febrero de 2019, tiene la jueza militar primera de control Claudia Carolina Pérez Benavides de Mogollón que no da despacho. Ella salió supuestamente de permiso pos natal. El caso es que va al tribunal con frecuencia a celebrar cumpleaños u otros eventos, pero de los casos de numerosos militares que están presos, muchos de ellos torturados, ella los tiene paralizados.
La manera muy particular en que se adelanta la justicia en Venezuela coloca a quienes están presos en la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim), en el Centro de Procesados Militares de Ramo Verde, así como a los de los anexos militares en Santa Ana en Táchira y La Pica en Maturín, en estado de indefensión y violación al debido proceso.
Lo más grave de lo que está sucediendo con esa jueza, quien además es mayor del Ejército venezolano, es que en la audiencia preliminar decide que los imputados vayan a juicio, pero no envía los expedientes al Tribunal de Juicio, por lo que deja a los militares presos en estado de indefensión.
Es así que no hay quien decida sobre hechos necesarios relacionados con los detenidos. No hay amparo judicial que valga. Si usted llama al Tribunal un hombre contesta: “En este tribunal ya no hay despacho hasta el 15 de enero”. Si usted insiste en saber qué pasa, la respuesta es: “Entramos en vacaciones navideñas”.
El engaño
Nuevamente este año, desde diversas fuentes, el Gobierno dejó correr la esperanza, hace casi dos meses, de que dejaría en libertad a un número de presos políticos, entre ellos a muchos militares. El único preso beneficiado, en un escenario que aun no está muy claro, fue el diputado Edgar Zambrano, quien salió con el cuento de que intercedería por varios detenidos.
Extrañamente el que apareció en escena, hablando por debajo de cuerda con personas que le llegaron a varios familiares de detenidos militares, fue el ex presidente español José Luis Rodríguez Zapatero.
La estrategia del Gobierno siempre fue lograr que las familias hicieran silencio, con la promesa de que “si se portan bien” y no hay denuncias en los medios de comunicación ni en las redes sociales, los iban a incluir en la lista de los liberados. Ni uno lo ha sido.
Los familiares han soportado con estoicismo atropellos, violaciones a los derechos de los detenidos, agresiones verbales e incluso físicas. “Mejor no digamos nada, porque de repente no lo incluyen en la lista”. Mientras tanto, los funcionarios de Inteligencia sonríen ante tanta inocencia. Nunca estuvo planteado liberar a 20 militares emblemáticos de los imputados por Traición a la Patria o Instigación a la rebelión.
Todo el año ha corrido sin que en el tribunal de la jueza Claudia Carolina de Mogollón haya habido gestión judicial.
Los casos de conspiración
Ese tribunal de la jueza Mogollón tiene los siguientes casos emblemáticos:
El del general en Jefe (Ej) Raúl Isaías Baduel, detenido el 12 de enero de 2017 e imputado por instigación a la rebelión, contra la libertad, integración y dependencia de la nación. Su situación es que está sin audiencia preliminar y sin juicio. Se encuentra recluido en la cárcel de máxima seguridad del Fuerte Tiuna.
En ese caso hay siete sargentos, detenidos el 18 de enero de 2017, imputados por los delitos de Traición a la Patria e Instigación a la Rebelión. Están recluidos en la cárcel de Ramo Verde, atravesando problemas de desnutrición.
Ellos son: SM2 Jairo Elí Villegas Moreno, SM2 Noé Ricardo Romero Lugo, S1 Yecson Enrique Lozada Matute, S1 Rubén Augusto Bermudez Oviedo, S1 Juan Francisco Díaz Castillo, S1 Javier Rafael Peña y S1 Feydi Rafael Montero.
Ninguno tiene juicio.
En el llamado Caso CopeiI-Escudo Zamorano de marzo de 2017 fueron detenidos en base a un informe de la DGCIM: coronel Ricardo Zomacal Luongo y el capitán del ejército Anyelo Julio Heredia Gervacio. El cargo es instigación a la rebelión y sin juicio.
Por el caso Armagedón, en manos de la juez Mogollón, hay 14 detenidos: GD (GNB) Pedro José Naranjo Suarez, GB (GNB) Nelson Jose Morales Guitian, capitán de navío Luis Humberto De La Sotta Quiroga, Ruperto Molina Ramírez, coronel Juan Pablo Saavedra Mejias, my Abraham Américo Suarez Ramos, my Adrian Leonardo De Gouveia de Sosa, my Ricardo Efraín González Torres, capitán de corbeta Carlos Gustavo Macsotay Rauseo, teniente de navío Julio Scola Lugo, teniente de fragata Elias Jose Noriega Manrique, TF Gustavo Enrique Carrero Angarita, teniente Edinson Yampier Márquez Caldera y el SM3 (GNB) Edixon Morillo Mujica.
Ellos tienen imputados los delitos de Instigación a la Rebelión, contra el decoro militar. Están sin juicio.
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