La continuidad de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), que depende de la Organización de Estados Americanos (OEA), sigue siendo incierta porque dependerá de la decisión del Parlamento, donde diputados salpicados por corruptela se oponen a que siga en el país.
La incertidumbre sobre la continuidad de la Maccih, que se instaló en Honduras en abril de 2016, ha surgido porque el ministro de la Presidencia, Ebal Díaz, dijo a finales de diciembre de 2019 que del nuevo convenio, que se estaría suscribiendo este mes, «va a salir algo más amplio y compresivo».
Una ampliación modificada del actual convenio, que en enero de 2016 firmaron en Washington por cuatro años el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, debe ser aprobada por el Parlamento de Tegucigalpa.
Pero resulta que la Maccih es como un azote para varios diputados hondureños, algunos de ellos del gobernante Partido Nacional, que han sido denunciados por supuestos actos de corrupción investigados por la Misión de la OEA con la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic), del Ministerio Público.
«El Compromiso de Lima Contra la Corrupción, las recomendaciones de la Mesicic (Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción) y los informes de evaluación de lo logrado hasta ahora, son insumos importantes para un nuevo instrumento que nos permita como país seguir avanzando por la transparencia con el apoyo de la OEA», dijo Díaz el 27 de diciembre.
Ese día, la OEA y el Gobierno de Honduras, en una reunión en la que también participó el canciller hondureño, Lisandro Rosales, comenzaron en Washington los diálogos formales sobre la segunda etapa de la Maccih, cuyo mandato está por expirar.
DEBILITAMIENTO DE LA MACCIH
Organizaciones de la sociedad civil, entre ellas universidades, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y la Coalición por la Renovación de la Maccih, le han pedido a las misiones de la OEA y el Gobierno de Honduras que renueven de manera «inmediata y sin cambios» el convenio del mecanismo anticorrupción.
Una petición en esa misma línea han hecho la Unión Europea, EE.UU. y otros países cooperantes que financian a la Misión.
La petición obedece al criterio casi generalizado que hay en el país, en el sentido de que si se modifica el actual convenio con la Maccih, sus acciones contra los corruptos se verán mermadas.
La exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) Julieta Castellanos dijo a EFE en Tegucigalpa que valora como necesario la continuidad de la Maccih, porque el Estado «no ha podido someter» a todos los corruptos «ante la justicia», y que «el hecho de que un organismo internacional investigue, se convierte en un elemento de mayor presencia para que la justicia pueda actuar».
Castellanos, socióloga e investigadora, considera que «no hay buen ambiente» en el Parlamento hondureño para la Maccih, desde que una misión de diputados, en un reciente informe que hicieron, «en cinco días, con una metodología muy precaria, muy limitada», le propuso al presidente Hernández que la Maccih no siga en el país.
«De ahí viene la duda. Si hay elementos nuevos en el convenio, eso va al Congreso Nacional y suponemos que el Ejecutivo ha cedido a la presión de su partido para que no haya una continuidad tal y como hoy está la Maccih en su convenio actual», indicó Castellanos.
Hasta ahora la Maccih ha trabajado a la par de la Ufecic en unos doce casos de investigación y persecución penal, en los que han sido implicados políticos, empresarios funcionarios del presente y otros gobiernos, aunque el de mayor repercusión es el conocido como «Caja chica de la dama», contra la ex primera dama Rosa Elena Bonilla (2010-2014), capturada y encarcelada el 28 de febrero de 2018 en Tegucigalpa por varios delitos de corrupción.
Bonilla, esposa del expresidente Porfirio Lobo, fue condenada el 4 de septiembre de 2019 a 58 años de cárcel, en un hecho sin precedentes en la justicia local, que en el pasado reciente ha sido salpicada por denuncias de corrupción de jueces y magistrados.
Lobo, al conocer la sentencia, reiteró que su esposa es inocente, calificó el hecho como un «linchamiento» y dijo que se trataba de una presea que Juan Orlando Hernández «le prometió» a Luis Almagro.
EFE
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