«Instamos a los países anfitriones [de las llamadas misiones médicas cubanas] a que pongan fin a los acuerdos contractuales con el régimen de Castro, que facilitan los abusos contra los derechos humanos» de los profesionales de la Isla que participan en tales programas, escribió el secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, en su cuenta de Twitter este domingo 12 de enero.
El alto funcionario estadounidense también recordó que el Gobierno cubano no ha respondido la carta de dos relatoras especiales de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que mostraron preocupación hace más de dos meses por las acusaciones de grupos defensores de los derechos humanos que apuntan a que los especialistas de la Isla serían sometidos a condiciones de «trabajo forzoso», cuando se involucran en las «misiones internacionalistas» gestionadas por La Habana.
As we recognize National Slavery and Human Trafficking Prevention Month, we urge host countries to end contractual agreements with the Castro regime that facilitate the #humanrights abuses occurring in these programs.
— Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 13, 2020
El 6 de noviembre de 2019, las relatoras especiales sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, incluidas sus causas y consecuencias, Urmila Bhoola, y sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños, Maria Grazia Giammarinaro, se dirigieron al Gobierno de Miguel Díaz-Canel y le dieron un plazo de 60 días para responder a sus preocupaciones. La Habana, sin embargo, ha callado, reseñó Diario de Cuba.
El reclamo de las relatoras sigue a una denuncia presentada en mayo pasado ante la ONU por la organización Cuban Prisoners Defenders, que incluyó pruebas y 110 testimonios de médicos cubanos sobre los abusos a los que han sido sometidos por el Gobierno de la Isla.
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Bhoola y Giammarinaro pidieron a La Habana «atención urgente» a esos «presuntos abusos», y expresaron «preocupación por las condiciones de trabajo y de vida» que estarían afectando a esos profesionales.
Muchos de ellos, dijeron las diplomáticas, «estarían expuestos a condiciones de trabajo y de vida explotadoras», y «pagos salariales inadecuados». Además, «estarían sometidos a presiones y a seguimiento por parte del Gobierno» cubano, señalaron.
En particular, mencionaron que, según las denuncias que recibieron, en muchos de los países de destino los médicos cubanos no reciben un contrato de trabajo o una copia del mismo; el Gobierno de Cuba se queda con entre el 75% y el 90% de lo que pagan en salarios mensuales los gobiernos anfitriones y, con frecuencia, el salario que queda a los trabajadores «no permitiría vivir dignamente».
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Por otra parte, Bhoola y Giammarinaro señalaron que, de acuerdo con los reportes, los médicos trabajarían un «exceso de horas», tendrían «restringida» la libertad de movimientos y estarían «bajo vigilancia» de funcionarios del Gobierno.
«El derecho a la privacidad estaría limitado por el control y seguimiento efectuado a los médicos, incluyendo la comunicación y las relaciones sostenidas con personas nacionales y extranjeras durante las misiones de internacionalización», consideraron las relatoras.
«En principio, los profesionales podrían regresar a Cuba de vacaciones una vez por año pero (…) dicho viaje sería muchas veces considerado como premio o, según las circunstancias, podría ser negado como una forma de castigo», añadieron.
Las relatoras pidieron al Gobierno cubano «información o comentario adicional» sobre las alegaciones. También sobre las «medidas que (…) está planeando adoptar para garantizar a todos los médicos y otros profesionales cubanos que trabajan en el extranjero condiciones de trabajo y de vida dignas».
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También solicitaron a La Habana «indicar de qué manera (…) está evitando la separación familiar prolongada entre médicos que trabajan en el exterior y sus familiares que permanecen en Cuba».
Asimismo, aclarar qué «mecanismos de queja» tienen los profesionales cubanos «que quieran denunciar abuso o explotación laboral y de qué manera dichos canales o mecanismos puedan ser accedidos desde el extranjero».
Bhoola y Giammarinaro pidieron al Gobierno cubano «investigar, procesar e imponer las sanciones adecuadas a cualquier persona responsable de las violaciones» contra los derechos de los médicos y tomar «medidas efectivas para evitar» que se repitan.
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