De los 44 parques nacionales de nuestro país, el Yapacana es el más afectado y con mayor grado de devastación, según informe de 2019 de la organización SOS ORINOCO: “El impacto sobre sus ecosistemas no solo es en términos de superficie directamente destruida, sino, por el efecto radial y expansivo ocasionado por la presencia de aproximadamente 2.000 mineros que ocupan el parque nacional actualmente”.
En análisis del Grupo de Investigaciones sobre la Amazonía (GRIAM), la minería en el Parque Nacional Yapacana (PNY), como en el resto del estado Amazonas, es ilegal. En principio por una serie de consideraciones constitucionales que reconocen a esta zona – región características únicas y especiales de vital importancia para el planeta y la humanidad. Aparte de estas consideraciones genéricas, existen disposiciones de protección ambiental específicas, una de ellas es el Decreto 269 del año 1989 sobre la prohibición de toda actividad minera en el estado Amazonas y, particularmente, el Decreto 2.980 del año 1978 (G.O. 2.417-E), que consagra a este parque nacional a tal categoría, por consiguiente está dotado de un régimen de uso y manejo especial, justamente como medidas de protección ambiental, y según criterio de GRIAM, también social, señaló Provea
Como en los anteriores casos analizados en el extenso de este trabajo de investigación, la figura jurídico ambiental que protege a este parque nacional está siendo igualmente violentado por los particulares, grupos irregulares armados en ejercicio de actividades ilícitas y también por la poca resolución de el Estado en adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento al complejo de normas mencionadas y a las medidas judiciales precautelativas dictadas por los tribunales penales de Amazonas en favor de los derechos ambientales y la diversidad biológica de nuestra Amazonía.
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Esta situación de desprotección e impunidad en materia socioambiental sobre este importante parque nacional, propicia que esté considerado como el de mayor presencia de minería ilegal y el más afectado en toda la Amazonía venezolana, inclusive, de todos los países que conforman la cuenca amazónica en cuanto al nivel y grado de devastación, según el informe SOS ORINOCO.
La minería en este parque ya existía desde la década de los 80, pero en dimensiones muy pequeñas. Fue a partir de 2004 que el crecimiento de esta actividad se aceleró vertiginosamente por una serie de consideraciones, una de ellas ha sido la política poco clara del gobierno venezolano en torno a la importancia de esta región y sobre la presencia de los grupos irregulares armados colombianos en esta zona, al punto, según indica el informe mencionado, de “haberle entregado el control de estos territorios y de la actividad minera a la guerrilla, hoy comandada por el ELN y que además le sirve de sustento financiero para otras actividades ilícitas”. (cita textual).
Continúa indicando el informe SOS ORINOCO, sobre el Parque Nacional Yapacana: “Hoy en día en el parque nacional lo que más destaca son las huellas destructivas que deja la minería, que no significa otra cosa que procesos de remoción drástica de su cobertura vegetal natural y del sustrato geológico. Esto se acomete por deforestación de tala y quema, modificación de la topografía (incluyendo cursos de agua), que se manifiesta en la remoción y alteración de la capa geológica en forma de huecos, similar a la que deja un bombardeo aéreo; trochas, carreteras, cárcavas, montículos de material lavad
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Además, es seguro que hay una contaminación por causa del mercurio empleado en el proceso de separación del oro del material geológico aluvional o rocoso. Esta contaminación no solo está presente por el vertido en el suelo y los cuerpos de agua, sino también por vapores que se adhieren a la vegetación circundante.
Todos estos daños son generados en varias zonas del parque, en áreas terrestres y fluviales. Se estima que hayan aproximadamente 44 sitios de explotación minera, aparte de las que aún no son conocidas “públicamente”. En los ríos y caños que confluyen en estas áreas protegidas, también se emplean balsas y dragas, fácilmente localizables por estar ubicadas en plenas líneas de navegación y dadas las voluminosas dimensiones de estas estructuras flotantes. Generalmente estas embarcaciones son dirigidas por colombianos y, en menor proporción, por brasileros.
Por último, continuamos compartiendo datos presentados por la organización SOS ORINOCO, donde refiere lo siguiente sobre la detección de áreas mineras por imágenes satelitales: “Las áreas de actividad minera dentro del Parque Nacional Yapacana fueron identificadas y verificada su exactitud geográfica mediante el uso de imágenes satelitales de alta resolución espacial de los sensores Landsat-7/ETM+, Landsat-8/OLI, Sentinel 2y World View-2; todos disponibles en la plataforma de Google Earth Pro, United State Geological Service (USGS), Fundación Radiat 6 y la Agencia Espacial Europea (ESA). El resultado de este procedimiento mostró la existencia de un total de 36 sitios de actividad minera, todos ellos detectados mediante interpretación visual y digital de las imágenes satelitales, durante el periodo 2002–2018.
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Los referidos sitios y datos constituyen una prueba inequívoca de la presencia de la actividad minera dentro del PNY. No obstante, es importante destacar otros sitios de actividad minera de menor extensión que no pudieron ser identificados por los datos orbitales utilizados en el presente informe, puesto que se requieren sensores de muy alta resolución espacial (simétrica) y/o su verificación en campo para correcta verificación.
Por otro lado, las balsas mineras tampoco son detectables a través de este procedimiento. En este sentido, la cuantificación del área afectada por minería en el PNY descrita en este informe, se considera una subestimación del valor real.
Las actividades mineras dentro del PNY han sido reportadas desde los años 80. No obstante, es en el año 2002 cuando se inicia un proceso de explotación minera masivo en el parque, detectable en las imágenes satelitales.
Ahora bien, lo más resaltante de la explotación minera en el PNY detectada es la velocidad y la intensidad de la intervención en los últimos ocho años (2010–2018), que representa cerca del 5.000% en relación a años anteriores”.
Ver informe completo de la situación ambiental y DDHH de los pueblos indígenas de la Amazonía venezolana 2019 – 2020 del “Grupo de Investigaciones sobre la Amazonía” (GRIAM).
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