La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, defiende que su Ministerio supo con sólo cuatro horas de margen que la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, iba a aterrizar en el aeropuerto de Barajas a bordo de la aeronave del ministro de Turismo bolivariano, Félix Plasencia.
La ministra asegura que, de haberlo sabido antes, hubiera prohibido el viaje. No obstante, la realidad es que su gabinete tuvo que autorizar que el avión que transportó a Delcy Rodríguez accediera al espacio aéreo español y, por lo tanto, entrara en zona comunitaria, donde tiene prohibido el acceso, incumpliendo las sanciones impuestas por la Unión Europea.
Esta versión, lejos de aclarar el caso, lo enmaraña todavía más. González Laya aportó ayer, en una entrevista concedida a la Cadena Ser, información nueva sobre la cita entre Rodríguez y el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, en Barajas. La ministra, que el jueves presumió en la comisión parlamentaria de Exteriores de practicar una política discreta y alejada de «megáfonos», aprovechó el altavoz de las ondas para admitir que estuvo en todo momento al tanto del caso, pero que conoció tarde que en aquel famoso avión viajaba la vicepresidenta venezolana.
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Fuentes conocedoras de los mecanismos diplomáticos consultadas por ABC explican que los argumentos de la ministra son poco verosímiles, salvo en un supuesto: que Venezuela engañara al Gobierno y, con el fin de que Exteriores validara el viaje, omitiera que la vicepresidenta bolivariana formaba parte del pasaje de la aeronave de Félix Plasencia. Sólo de esta forma se pudieron desencadenar los acontecimientos. No obstante, lejos de responder con arreglo a las sanciones y pese al engaño, Rodríguez no fue detenida en el aeropuerto e incluso despachó con el ministro Ábalos.
Protocolo cerrado
Las autorizaciones para desplazamientos de altos cargos de los Estados, excluyendo a los países miembros de la OTAN, se rigen mediante un protocolo muy cerrado. También cuando las autoridades se desplazan en aviones militares, privados o, en general, no comerciales. En el caso venezolano, estas aeronaves, como no tienen licencia para operar una línea concreta como ocurre con la aviación comercial, deben pedir permiso para acceder al espacio aéreo de otros países. Este permiso se tramita mediante la labor diplomática.
Así, Venezuela debería haber remitido la solicitud para sobrevolar el espacio aéreo español y para después aterrizar en suelo nacional a Exteriores y el Ministerio de González Laya, después de estudiarlo, comunicárselo a su vez a Aviación Civil y/o a Defensa, antes de dar una respuesta definitiva de vuelta a Venezuela. De hecho, es bastante habitual que en esta etapa del procedimiento se incluyan modificaciones técnicas sobre el plan inicial.
El documento incluye, como han detallado las fuentes consultadas, la matrícula y el tipo de avión que va a ingresar en territorio español, la fecha y hora estimada del vuelo y de entrada en el espacio aéreo, el plan de vuelo y la lista de pasajeros, donde figuran tanto los datos de la tripulación como la identificación del pasaje. Otro aspecto especialmente relevante que debe incluirse en este documento es el motivo del viaje. Si hubiera algún problema en este documento, que debe ser aprobado antes del despegue, el viaje no puede desarrollarse.
De acuerdo con las sanciones europeas, Exteriores no podría haber autorizado este permiso si hubiera conocido que allí volaba Rodríguez. Este último extremo reafirma la hipótesis del engaño por parte de las autoridades venezolanas. ABC ha preguntado al Ministerio, sin obtener respuesta, más detalles acerca de este postrero aviso con el que Exteriores conoció que en el mismo avión en el que viajaba el ministro de Turismo venezolano también estaba Delcy Rodríguez.
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