El presidente de Colombia, Iván Duque, calificó este jueves como «intromisión en la soberanía de un país» las sugerencias que hizo la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH) en su informe anual sobre cambios en la Policía y en la implementación del acuerdo de paz firmado con las FARC.
«Respetando el carácter multilateral que tiene la organización, me parece también que es una intromisión en la soberanía de un país cuando se dice que la Policía debe pasar al Ministerio del Interior. Eso es un debate que le corresponde a las autoridades colombianas en el marco de su institucionalidad», dijo Duque a periodistas.
La Oficina de la ACNUDH en Colombia recomendó que la Policía pasara a ser supervisada por el Ministerio del Interior y no por el de Defensa, como ocurre en la actualidad.
«La Oficina de la Alta Comisionada (la chilena Michelle Bachelet ocupa actualmente este cargo) no hace otra cosa que lo que hace siempre en todos los países: recomienda algunas medidas que pueden ayudar a evitar violaciones a derechos humanos. Una es que la Policía no vaya bajo el Ministerio de Defensa sino bajo el Ministerio del Interior», dijo el representante de la ACNUDH en Colombia, Alberto Brunori.
«La naturaleza de los dos cuerpos de seguridad es distinta. Uno tiene que ver que la seguridad interna, ciudadana, y el otro tiene que ver con otro tipo de situaciones», agregó.
La ACNUDH también alertó sobre la actuación del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía, principalmente en las protestas convocadas organizaciones sociales, sindicatos y estudiantes.
Según dijo, «no cumplieron con las normas y estándares internacionales relacionadas con el uso de la fuerza», por lo que pidió que se investiguen los casos de posibles violaciones a los derechos humanos.
Preocupación por imprecisiones
Además, Duque expresó su abierto desacuerdo porque cree que en el informe hay «imprecisiones» y que no se dice «la verdad» sobre aspectos desarrollados por el Gobierno en la implementación del acuerdo con la FARC firmado en 2016.
«Hay que analizar esos documentos con mucha serenidad y así lo hemos hecho, pero yo debo manifestar mis preocupaciones. A mí me preocupa que haya imprecisiones y me preocupa que no se diga la verdad sobre avances tan importantes como los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)», dijo Duque.
Detalló que cuando empezó su Gobierno, en agosto de 2018, solamente había dos PDET y hoy ya hay 16: «Estamos acercándonos a más de 680 obras PDET, vamos a llegar a 700 muy pronto».
«Hemos activado los esquemas de Obras por Impuestos, hemos activado la participación de las comunidades, se ha hecho una formalización de tierras que puede superar las 300.000 hectáreas, y, adicionalmente, se han incluido más de 600.000 hectáreas al Banco de Tierras», explicó.
Violaciones a los Derechos Humanos
Igualmente, Duque aseguró que en el informe de la ONU tampoco se diga nada sobre la violación de los derechos humanos por parte de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otras organizaciones armadas.
«Me parece preocupante que poco se diga en ese reporte sobre las violaciones constantes a los derechos humanos por parte de grupos armados organizados como el ELN, como los residuales (disidencias de las FARC), como el Clan del Golfo, como Los Pelusos. Eso también ha debido quedar consignado ahí», puntualizó.
Duque consideró también que en el informe no se destacan los esfuerzos del Gobierno para enfrentar las amenazas y los ataques contra líderes sociales.
Según el informe fueron 108 defensores; 66 indígenas del convulso departamento del Cauca (suroeste), entre ellos 13 de sus autoridades, y 45 miembros de la comunidad LGBTI los asesinados el año pasado.
El organismo también registró 36 masacres, la cifra más alta desde 2014, y que se da en medio de una tasa nacional de homicidios de 25 por cada 100.000 habitantes.
EFE
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