Las autoridades cubanas han aplicado 773 sanciones a empresas, la mayoría estatales, cuyos funcionarios «insolidarios» no detuvieron sus vehículos para recoger a otras personas, en medio de la crisis económica y el desabastecimiento de combustible que afectan al país.
Estas medidas las anunció la Dirección General de Transporte Provincial de La Habana (DGTPH), que ha desplegado docenas de inspectores en las saturadas paradas de autobús de la capital para controlar que los vehículos pertenecientes a empresas y organismos del Estado, siempre que tengan espacios libres, paren y transporten a ciudadanos que lo necesiten.
El propio presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ordenó hace meses a los conductores de vehículos estatales que contribuyeran a paliar los problemas que el desabastecimiento de combustible está provocando en el ya desbordado transporte público.
En octubre pasado, un medio oficial publicó una foto de la caravana oficial del mandatario parando para recoger a ciudadanos que esperaban transporte en una calle del oeste de La Habana, y por esas mismas fechas Díaz-Canel se mostró públicamente indignado con los funcionarios con autos estatales que pasan de largo ante las abarrotadas paradas.
Comprar un auto es un lujo al alcance de muy pocos en Cuba, donde el Estado tiene la exclusividad sobre la importación de automóviles nuevos y los grava con impuestos varias veces por encima de su valor de mercado, lo que a su vez hace que los vehículos usados tengan un precio desorbitado pese a llevar décadas rodando.
Las iglesias tampoco paran
El informe de la DGTPH correspondiente a febrero señala que «los inspectores ubicados en las paradas de mayor concentración de la capital» reportaron que 983 vehículos estatales «no tuvieron ese gesto de solidaridad».
La directora general de la DGTPH, Maribel Poulot, citada por la estatal Agencia Cubana de Noticias, dijo que los directivos superiores de las empresas infractoras «son convocados para el análisis de las infracciones y de las medidas aplicadas a los responsables».
Entre las empresas denunciadas por insolidarias figuran no solo firmas estatales, sino varias instituciones religiosas, desde el Arzobispado de La Habana a las iglesias Metodista, Nazareno, Prebisteriana, Evangélica, Padres Escolapios, Iglesias de Cuba y Hermanas de Acacia.
También aparecen listadas algunas de las empresas exportadoras más prestigiosas del país, como la tabaquera Habanos o la ronera Havana Club, así como varias firmas y organismos adscritos a los ministerios del Transporte, Turismo, Salud Pública, Energía y Comunicaciones, así como las las Fuerzas Armadas, entre otros.
El mayor número de vehículos que no se detuvieron en las saturadas paradas de autobús pertenece al Ministerio de la Agricultura, de acuerdo a los datos de la DGTPH.
Combustible en punto de mira
Cuba atraviesa su más grave crisis energética en décadas por la interrupción intermitente de las llegadas de barcos petroleros al país, algo de lo que el Gobierno culpa a Estados Unidos por el endurecimiento de las sanciones a la isla y a su aliada Venezuela.
Recientemente el Gobierno reveló que se vio obligado a comprar un barco que traía un cargamento de combustible ya pagado por Cuba pero cuyo armador no se atrevía a atracar en el país por miedo a violar el embargo estadounidense.
Para enfrentar este panorama, que cada cierto tiempo provoca largas colas en las gasolineras, se aprobaron medidas de ahorro en el sector estatal, muchas de las cuales las autoridades apuestan por mantener aunque la situación se estabilice.
Los problemas con el diésel y la gasolina han hecho que se vean más bicicletas y transportes de tracción animal en las carreteras cubanas en los últimos meses.
La isla produce menos de la mitad del crudo que necesita para cubrir su demanda. Desde hace dos décadas recibe de Venezuela petróleo subsidiado a cambio del envío de profesionales (sobre todo médicos y maestros), pero esos cargamentos se han desplomado en los últimos dos años.
Las carencias de combustible han agravado un escenario ya de por sí complicado para el país caribeño, sumido en una crisis debida al endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos, la prolongada crisis de Venezuela, la ineficiencia del sistema empresarial estatal y la pérdida de contratos de exportación de servicios médicos con varios países latinoamericanos.
EFE
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